Una familia de O Burgo teme quedarse sin casa al solicitar Costas su desahucio

La administración pidió al juzgado una orden de entrada en el inmueble

 
Patricia Aboal y su padre delante de su casa de la que, según dicen, los quieren echar
Patricia Aboal y su padre delante de su casa de la que, según dicen, los quieren echar Gustavo Santos

C.G. / PONTEVEDRA Una familia de la calle Martín Códax, en O Burgo, vive con el corazón en un puño desde hace tres días, cuando recibieron una notificación del juzgado mediante la cual se les comunicaba que Costas del Estado presentó una solicitud de entrada en su domicilio para desahuciarlos, según explican los afectados.
Se trata de la familia Aboal Fernández que ahora teme verse literalmente en la calle si prosperan las actuaciones que inició Costas ante el juzgado. En el inmueble reside su propietario, José Antonio Aboal Antas, de 65 años de edad, además de dos de sus hijas, el marido de una de ellas y sus dos nietos de 3 y 7 años.
En este escrito se les anunciaba que tenían tres días para presentar alegaciones a la petición de entrada en el domicilio solicitada por la administración, por lo que de inmediato se pusieron manos a la obra con un abogado y ayer, día en el que expiraba el plazo, entregaron en el registro de los juzgados de A Parda los documentos necesarios para preparar su defensa.
Propietarios desde 1989
Según explica Patricia Aboal Fernández, hija del dueño del inmueble y madre de los dos niños que viven bajo este techo, el problema reside en que, pese a ser los propietarios de la casa desde el año 1989, el edificio se encuentra en terreno de Costas y ahora la administración les pide que abandonen la vivienda sin percibir ningún tipo de indemnización a cambio. Afirma que el litigio con el Estado viene de años atrás, cuando todavía vivía su madre, quien era copropietaria de la vivienda junto con su padre. "Vinieron a ver a mi madre, quien apenas sabía leer y escribir, le hicieron firmar un papel que no sabía muy bien lo que era, pensamos que puede ser la orden de desahucio, por lo que deberíamos presentar las correspondientes alegaciones, pero la cosa quedó ahí y no volvimos a saber nada más de ellos", dice Patricia Aboal. Sin embargo, este año "volvieron a la carga y ahora recibimos un escrito del Contencioso-Administrativo en el que nos dicen que Costas ha pedido permiso al juzgado para entrar en la casa y desahuciarnos".
En su escrito de alegaciones explican que, tras el fallecimiento de la madre, que murió sin testar, los hijos, como herederos, no han tenido derecho a defenderse ni a presentar alegaciones no sólo ahora en la vía judicial, sino también antes durante el proceso administrativo y que por ello se podrían vulnerar derechos constitucionales como el de la invulnerabilidad del domicilio. Incluso aluden al quebrantamiento del derecho a disponer de una vivienda digna si es que llegan a quedarse en la calle.
Entre la documentación que aportan está la escritura de propiedad de la casa, así como el contrato de compraventa formalizado por el padre y la madre de Patricia Aboal ante un notario de Pontevedra en 1989. "No es de recibo que nos quieran echar de una casa que se compró hace 20 años, en la que vive mi padre desde hace 42 y por la que pagamos la contribución como todo cristiano sin recibir ningún tipo de compensación" exclama Patricia Aboal.
Esta persona asegura que la construcción, que fue restaurada, tiene más de 80 años de antigüedad y dice no entender como el inmueble, situado en el entorno de las marismas de Alba, está calificado como terreno de Costas "y no lo están, por ejemplo, el parque de maquinaria de la Diputación o el edificio en donde se realizan los exámenes de Tráfico", aunque estas instalaciones cuentan con una concesión.

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