M.A / C.G. / Pontevedra
Las viviendas compradas por la Consellería de Vivienda para realojar a tres familias gitanas a escasos metros del poblado marginal de Poio "son ilegales" y, como consecuencia, no pueden ser vendidas ni reformadas ni habitadas. Éstas son las razones que esgrime la asociación de vecinos de O Vao en la denuncia presentada ayer en el Concello de Poio para exigir el precinto de los inmuebles y la paralización de las obras de reforma que se acomete en uno de ellos para acoger a los chabolistas.
La presidenta del colectivo, Carmen Esperón, asegura que las dos casas a las que se trasladarán en los próximos días los afectados por los derribos fueron construidas tiempo atrás sin licencia por personas con escasos recursos económicos sobre suelo urbano no consolidado. El único acceso a ambos inmuebles es un camino de servidumbre propiedad de otro vecino. "No está permitido hacer obras que aumenten su valor ni ningún tipo de rehabilitación, al igual que pasa en el resto del Vao", apunta la dirigente de la agrupación.
Según afirma, el Concello de Poio y la Xunta están cometiendo un agravio comparativo entre ciudadanos ya que el polígono de O Vao está paralizado urbanísticamente desde hace décadas. "Muchos jóvenes se tuvieron que marchar de aquí porque no se pueden construir ni ampliar las casas, ya que el suelo está sin ordenar. Ahora para realojar a los gitanos se saltan las normas", añade. La denuncia contra el Concello se basa en este supuesto. Si como cree Esperón la administración local hace oídos sordos a su queja, la asociación interpondrá un recurso contencioso-administrativo.
La supuesta manipulación de las leyes urbanísticas para beneficiar a la comunidad calé no es novedad en O Vao. Mientras en la parte inferior del polígono conviven más de cuarenta familias gitanas en un espacio de 2.500 metros cuadrados, los vecinos de arriba no tienen posibilidad de incrementar la edificabilidad de sus viviendas ni construir otras nuevas. Así, en casi 70.000 metros cuadrados se asientan sólo 28 inmuebles.
Aunque las acciones judiciales se dirigen contra la administración local, la asociación de vecinos no tiene claro ni quién compró las propiedad ni quién dio órdenes de restaurarlas. Ésa será una de las dudas que intentarán aclarar hoy en una nueva reunión de la comisión de integración de O Vao.
Mientras tanto, los trabajos para hacer habitable una de las casas avanzaban ayer a marchas forzadas. Los obreros se afanaban en poner a punto el interior de la edificación de planta baja y tienen órdenes de concluir la obra hoy mismo. El alcalde de Poio, Luciano Sobral, confirmó que el traslado de las personas desahuciadas del asentamiento marginal y de Monte Porreiro a sus nuevos hogares se producirá durante el fin de semana. Además, el derribo de la chabola pendiente de demolición se ejecutará el próximo lunes, precisamente cuando vence la prórroga otorgada por el juez.
Planes de compra
La denuncia presentada por el colectivo que preside Carmen Esperón hecha más leña a un conflicto que alcanzó sus cotas más altas este año con las manifestaciones protagonizadas por habitantes de Caritel, Monte Porreiro y Boa Vista en rechazo a la instalación en estos lugares de familias procedentes del asentamiento segregado. Los vecinos de O Vao reconocieron ayer que, de haber tenido conocimiento del interés de las administraciones por las viviendas adquiridas para trasladar a los chabolistas, habrían estudiado la posibilidad de comprarlas entre todos para evitar que le fueran entregadas a los gitanos.
