La trata de blancas para la explotación sexual de mujeres y los delitos contra los derechos de los trabajadores siguen siendo, junto con la violencia de género, las infracciones penales que más se cometen contra los ciudadanos extranjeros en la provincia, según la memoria referente al pasado año de la Fiscalía de la Audiencia Provincial en materia de extranjería.
No obstante, frente a los delitos de maltrato en el ámbito familiar, el Ministerio Público destaca en su informe la complejidad a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de investigar este tipo de conductas delictivas.
La primera de ellas es la gran dificultad para investigar a los responsables de la trata de blancas en Pontevedra y, a su vez, a los contactos e intermediarios que operan captando las mujeres en sus países de origen.
Desamparo
Añaden que "cada vez es más habitual que se explote sexualmente y se aloje a las mujeres en pisos particulares, con lo que la clandestinidad del delito y el desamparo de éstas es mucho mayor" que en los clubes de alterne, ya que este tipo de delitos suele descubrirse en los controles que habitualmente realizan las brigadas de extranjería y la inspección laboral en este tipo de establecimientos.
El informe del Ministerio Fiscal destaca que el delito de trata de blancas o inmigración clandestina suele ir unido a otros como los de prostitución o contra los derechos de los trabajadores, por lo que es conveniente realizar las entradas en los locales con funcionarios de la inspección laboral. Sin embargo, en los registros de pisos particulares no es posible la colaboración de estos funcionarios, dado que no se ejerce el alterne.
A pesar de ello, en las investigaciones llevadas a cabo el año pasado, la mayoría en Vigo,un importante número de vulneraciones de los derechos de los trabajadores (considerando como tal la prostitución) "se han perpetrado en pisos particulares".
Según Fiscalía, en estos pisos particulares se imponen "condiciones abusivas" a la mujer "en cuanto al ejercicio de la prostitución relativas a su salario, a su horario, a su vestimenta (a veces vejatoria), al trato con los clientes (asumiendo todo tipo de relaciones) a la imposición de un sistema arbitrario de sanciones...)".
Asimismo, destacan que la frontera entre la explotación sexual y el ejercicio voluntario de la prostitución es "muy tenue".
Fiscalía considera que la prostitución debe ser bien definida a todos los niveles. Esta situación dependencia también se produce en los clubes de alterne limitando de forma importante su libertad o para negarse a realizar los servicios por lo que creen que todos los servicios sexuales ejercidos en beneficio de un tercero deben tener la consideración de explotación sexual y considerado como un delito de prostitución respecto de su empleador debido "a que la posición de dominio y abuso de éste" sitúa a la mujer en posición de víctima.
A la Fiscalía también le sorprende la escasa tramitación de procedimientos de tráfico ilegal de inmigrantes en relación con el gran número de expulsiones de mujeres extranjeras que se registran, sobre todo sudamericanas, y que son halladas en los clubes de alterne. "Esto nos lleva a pensar en la gran dificultad de estas víctimas para denunciar su situación de esclavitud, tanto porque consideran que si salen a la luz serán expulsadas, como por miedo a represalias, ignorancia o desamparo", concluyen.
El Ministerio Público ha solicitado la adopción de medidas de protección par las víctimas de tráfico ilícito con fines de explotación sexual pero ponen de relieve "la ausencia de normas de tipo asistencial y social para estas mujeres", de modo que a diferencia de las extranjeras víctimas de violencia de género, no gozan de ningún tipo de ayuda económica ni de otro tipo y no tienen la posibilidad de adquirir permiso de residencia o trabajo, ni siquiera tras sentencia condenatoria contra los tratantes blancas.
