Tarde o temprano habría de ocurrir, y un tenso debate municipal celebrado ayer sobre las posibilidades edificatorias de determinados solares de la ciudad provocó que se haya reabierto la "guerra" sobre la labor profesional, en ese ámbito de "varios ediles del PP". La concejala de Urbanismo, Teresa Casal, acusó abiertamente a esos concejales de "anteponer sus intereses inmobiliarios personales al interés general de Pontevedra", una vía de ataque que ya se esgrimió contra Telmo Martín durante la campaña electoral de 2007.

La chispa de esta situación se produjo durante la comisión de Urbanismo de ayer que analizaba un informe técnico-jurídico destinado a aclarar la concesión de licencias en los que se discute su condición de solar por carácter total o parcialmente de acceso a un vial urbanizado. El informe, que establece limitaciones para edificar en esos terrenos, fue aprobado por el PSOE y el BNG, con el rechazo del PP.

"Criterios imparciales"

Casal García defendió ayer la aplicación de este dictamen técnico porque "era preciso desbloquear de una vez este tema, después de tres meses de debate sin llegar a un acuerdo unánime", al tiempo que califica de "inconcebible que el PP pretenda desmarcarse de una ponencia técnica elaborada por todos los técnicos municipales y en el que se establecen criterios claros e imparciales para abordar los distintos casos que se dan en la materia".

A juicio de la edil de urbanismo, "resulta muy claro que los intereses particulares en el sector inmobiliario pontevedrés de varios concejales del PP (que no llega a citar expresamente) empiezan a enturbiar preocupantemente la gestión urbanística municipal en la medida en que estos concejales anteponen sus clarísimos y evidentes intereses personales al interés general de Pontevedra".

Inseguridad jurídica

La reacción de la concejala socialista se produjo después de un prolongado, y aparentemente tenso, debate interno en la comisión de Urbanismo de ayer, que tenía el objetivo de "impulsar un debate aséptico sobre una cuestión en la que existe una clara inseguridad jurídica derivada del hecho de que el planeamiento de Pontevedra no está adaptado a la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia". A juicio de Casal, "Esta inseguridad se vio incrementada el pasado año con una sentencia que anuló un estudio de detalle en la avenida de Vigo al considerar su ámbito como suelo no consolidado, por lo que es urgente establecer una reglas de juego transparentes e iguales para todo", algo a lo que, a los ojos del PSOE, no se suma el PP.