El gobierno local pospone el convenio de la ONCE para que el PP "lo estudie"

 
Lores y Casal negocian la posibilidad de retirar el punto del orden del día antes de comenzar el pleno. / rafa vázquez
Lores y Casal negocian la posibilidad de retirar el punto del orden del día antes de comenzar el pleno. / rafa vázquez  

La oposición anunció, antes de que comenzase el pleno de ayer, que lo denunciará en los tribunales

F. M. / PONTEVEDRA La oposición (PP) planteaba ayer un pleno municipal bronco a priori, al ofrecer una rueda de prensa minutos antes de que comenzase la sesión en la que el concejal Jacobo Moreira anunció que el grupo conservador está dispuesto a acudir a los tribunales para denunciar "muchas irregularidades" en el convenio urbanístico de la ONCE, que se preveía aprobar a continuación. Pero nada más iniciar la sesión, la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Teresa Casal (PSOE) zanjó la polémica antes de que se desencadenase.
El PP había solicitado que se retirase la cuestión del orden del día para poder estudiar el convenio con más tiempo y la concejala socialista aceptó. Por "cortesía" con la oposición, cedió al aplazamiento del debate hasta la próxima sesión plenaria. "Pero non se alegren desta victoria pírrica -añadió Casal-, retirámolo agora pero dentro dun mes hanno apoiar todos coa man levantada, porque é o mellor convenio que se pode facer", vaticinó la portavoz socialista.
Jacobo Moreira antes de iniciarse la sesión y Teresa Pedrosa posteriormente, como portavoz del grupo (Telmo Martín se encuentra en el congreso del PP de Valencia), acusaron al gobierno local de no haberles presentado los informes de Secretaría e Intervención sobre el convenio hasta "tres minutos antes" de iniciarse la sesión. "Me los han dado prácticamente en la puerta", se quejó Pedrosa al entrar en la sala.

Acuerdo
Casal y el alcalde Lores presagiaban una sesión conflictiva, conocedores de las declaraciones realizadas previamente por los concejales populares. De modo que consensuaron la posibilidad de retirar el punto del orden del día para satisfacer la demanda de los conservadores de estudiarlo con más tiempo, sabiendo que por unanimidad o por mayoría el convenio será aprobado en el próximo pleno de la corporación.
De todos modos, Casal recordó al grupo de la oposición que se lleva hablando de los pormenores de este acuerdo urbanístico desde hace cuatro años, por lo que "coñecen de sobra o convenio", reprochó la socialista. También recordó que se ha remitido ya a la Xunta sin ningún inconveniente por parte del PP y recriminó al grupo de la oposición que "una vez más" defienda postulados diferentes a los que viene sosteniendo su portavoz "que afirma que non se vai opoñer a ningún acordo que supoña un beneficio para a cidade".
"Toda Pontevedra o considera necesario para esta cidade e vostede quere paralo", recriminó Casal a la portavoz del PP.
En su defensa de la retirada del punto, Teresa Pedrosa argumentó que además de no haber contado con el expediente hasta ayer, el informe de la Xunta aludido por Casal fue "demoledor", en contra del convenio. "Un expediente como éste merece por lo menos que el grupo de la oposición recabe la información suficiente", dijo Pedrosa.

Convenio
El discutido convenio es el que permitirá la reordenación urbanística de 30.000 metros cuadrados en el recinto del colegio de la ONCE en Campolongo para la construcción de seis edificios residenciales, con capacidad para unas 220 viviendas, y una nueva red viaria entre el propio centro de ciegos y el instituto Torrente Ballester.
La intención de la ONCE es vender estos terrenos edificables y con los ingresos, ejecutar su nuevo centro de recursos, en una parcela que le cederá el concello en la calle 12 de Novembro. A cambios de esta cesión y la recalificación, la organización de ciegos urbanizará su sede actual y entregará al concello los inmuebles del Santiago Apóstol (colegio y residencia), donde la Xunta tiene previsto crear un centro socioasistencial.
Según los cálculos realizados en su día por el concello, la ONCE ingresará entre 6 y 8 millones de euros, aproximadamente, con este convenio. Con esos fondos deberá financiar su nueva sede y la urbanización completa del nuevo barrio.

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