La Audiencia Provincial de Pontevedra abrirá hoy la vista oral en la que se juzgará a Unisa Mansaray, el ciudadano de Sierra Leona afincado en Marín, para quien el fiscal solicita una pena de 476 años de prisión acusado de 31 delitos de violación, otro de agresión sexual y otro más de maltrato habitual en el ámbito familiar contra sus dos hijas. Está previsto que el juicio se prolongue durante dos días y en el prestarán declaración como testigos nueve personas, además de los peritos y psicólogos.
Unisa Mansaray logró en abril de 2002, después de una pelea consular durante la cual las pequeñas estuvieron retenidas en Senegal, traer a sus dos hijas a Marín, en donde residían en la calle Méndez Núñez, mudándose más tarde a la calle Jaime Janer. Entonces tenían 13 y 14 años cada una de ellas.
Dos meses después, según el escrito de acusación el fiscal, ambas comenzaron a vivir un auténtico calvario en el domicilio familiar. Asegura el Ministerio Público que en junio de 2002 comenzaron las agresiones sexuales. Presuntamente, forzó primero a la mayor quien lo rechazó y posteriormente obligó a la más pequeña a mantener relaciones sexuales con él. En ambos casos, las amenazaba diciéndoles que si no accedían a hacer lo que les pedía las enviaría de nuevo a África, dice el fiscal.
Supuestamente, entre junio de 2002 y septiembre de 2003, Unisa Mansaray violó a su hija menor al menos en dos ocasiones al mes, asegura el escrito de acusación.
El procesado presuntamente obligaba a sus hijas a levantarse todos los días a las seis de la mañana para que, antes de que se fueran al instituto, limpiaran la casa e hicieran la comida. Las insultaba con frecuencia, asegura Fiscalía, y las amenazaba de muerte o con hacer daño a su madre biológica si contaban lo que les hacía. Otros de los "castigos" que les imponía el procesado era dejarlas sin comer o encerrarlas en casa.
Vejaciones
Asegura el fiscal que este comportamiento era especialmente vejatorio hacia la mayor, por negarse a mantener relaciones sexuales con él y por tener un carácter más "rebelde".
Estos hechos han provocado que las pequeñas mantengan secuelas hoy en día, entre ellas una depresión suicida. El fiscal solicita que se le retire la patria potestad de sus hijas y que las indemnice con 30.000 y 25.000 euros
El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde desde el dos de enero de 2006. Una decisión que fue prorrogada en diciembre de 2007 por la propia Audiencia, en donde hoy y mañana se sentará en el banquillo de los acusados.
