Las movilizaciones que en adelante organicen los afectados por la reforma de la PO-531 contarán con autorización gubernativa. La plataforma vecinal solicitará permiso a la Subdelegación del Gobierno, para realizar cada viernes una marcha por el arcén de la carretera. Esta es la propuesta que ayer llevó el presidente del colectivo, Manuel Corredoira, a una reunión de la junta directiva.
Además, se solicitarán entrevistas con los alcaldes de Pontevedra y Barro, así como con los grupos municipales de ambos municipios. La reunión más inmediata será con el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, previsiblemente mañana.
Posteriormente se irán organizando reuniones con los diferentes partidos políticos, pero con la participación de los concejales de ambos municipios.
En cuando a las movilizaciones más inmediatas, Corredoira planteó la organización de una marcha por las márgenes de la carretera en el tramo de A Devesa el viernes 18 de abril. Será un recorrido de unos dos kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por el arcén de la carretera.
La siguiente manifestación propuesta será el viernes 25 de abril, en esta ocasión en la parroquia de Campañó; mientras que el viernes 2 de mayo sería por el tramo de Curro, en Barro. De esta forma se tratará de acudir a cada una de las parroquias afectadas por el proyecto.
En adelante, se organizarían otro tipo de movilizaciones que la propia asamblea de vecinos proponga. Manuel Corredoira dejó claro que sus propuestas tienen que ser refrendadas por el colectivo y que éste puede plantear acciones alternativas.
Con autorización previa
Por otra parte, el presidente recordó que todas las medidas de protesta se tendrán que organizar conforme a la ley y con autorización previa. En caso de que se realicen acciones espontáneas e ilegales, Corredoira dimitiría de su cargo.
El portavoz vecinal advierte que el malestar y la indignación es cada vez mayor en los núcleos afectados, lo que podría desencadenar medidas de coacción que la plataforma no respalda.
Corredoira criticó nuevamente el silencio de la Consellería de Política Territorial, a pesar de que su delegada provincial, Isabel Domínguez, había prometido que le telefonearía para informarle del resultado de las reuniones mantenidas en Santiago en las últimas semanas.
