Vecinos de Monte Porreiro declaran ante el fiscal imputados por el conflicto de O Vao

01.04.2008 | 00:00
Juan Carlos Aladro, a la derecha, se cruza en las instalaciones de la Fiscalía con Mario Lago y José Manuel Dopazo antes de tomarles declaración. / Rafa Vázquez Juan Carlos Aladro, a la derecha, se cruza en las instalaciones de la Fiscalía con Mario Lago y José Manuel Dopazo antes de tomarles declaración. / Rafa Vázquez

Negaron ser autores de los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos de las personas, de los que los acusa Pueblo Gitano

Ángel Mario Lago y José Manuel Dopazo, directivos de la asociación "O Mirador" de Monte Porreiro, declararon ayer ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, quien investiga si existe algún tipo de conducta delictiva en las manifestaciones que los vecinos llevaron a cabo ante las viviendas de las familias gitanas de O Vao realojadas en la urbanización pontevedresa.
Al finalizar la comparecencia, Juan Carlos Aladro confirmó que ambos prestaron declaración en calidad de imputados a raíz de la denuncia presentada por el presidente de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, que les acusa de tres delitos: Uno contra los derechos fundamentales de las personas, otro de coacciones continuadas y un tercero de amenazas.
Juan Carlos Aladro explicó que inicialmente la acusación que formula Pueblo Gitano se limita a estos dos directivos de "O Mirador", aunque "sin perjuicio de que la denuncia se amplíe a más personas".
El fiscal jefe añadió que el Ministerio Público ya ha recabado diversa información acerca de los hechos y que mantiene abiertas las diligencias informativas para averiguar si existe o no algún ilícito penal en la actuación de los vecinos. El siguiente paso en sus averiguaciones lo dará hoy mismo, ya que están citados a declarar las personas que supuestamente han sido víctimas de los delitos que se denuncian, es decir, las tres familias gitanas realojadas en Monte Porreiro. Aladro recuerda que fue una asociación (Pueblo Gitano) y no los propios perjudicados, quien inició el proceso judicial. En base a estas investigaciones deberá decidir si Fiscalía formula o no algún tipo de acusación contra los dirigentes vecinales o archiva las diligencias.
La denuncia se centra en las movilizaciones que los vecinos llevaron a cabo ante las viviendas de los realojados en la calle Alemania. Según explicó el propio Ángel Mario Lago, las preguntas del fiscal jefe giraron en torno a estas movilizaciones, "si estábamos implicados en ellas tirando petardos" y dañando las cerraduras del inmueble en donde se alojaban las familias de O Vao. También les preguntó acerca de las manifestaciones que realizaron a FARO en las que aseguraban que los chabolistas "se irían por las buenas o por las malas". "Evidentemente, no era una amenaza, queríamos decir que se irían, bien porque las administraciones así lo decidían, o bien por las movilizaciones que pondríamos en marcha", señalaban ayer.
O Vao y la delincuencia
Según Mario Lago, Aladro también se mostró interesado en saber si la asociación de vecinos se había manifestado con la misma contundencia con respecto a otras familias y otras viviendas, a lo que le contestaron que "esta es la primera vez que se produce un realojo de este tipo en Monte Porreiro, que a estas familias se les ha identificado como procedentes del poblado de O Vao, en donde es público y notorio que se realiza tráfico de drogas y venta de objetos robados y que, además, tenemos un dossier de prensa en el que aparecían miembros de estas familias relacionados con distintas intervenciones de las Fuerzas del Orden". En todo caso, Lago manifestó ante el fiscal que "las movilizaciones que llevamos a cabo desde la asociación de vecinos siempre fueron ante las administraciones públicas, nunca contra las familias en concreto". Ahora el fiscal les pide que aporten tanto ese dossier de prensa como los permisos que solicitaron ante la Subdelegación del Gobierno para llevar a cabo las movilizaciones.
Error en la notificación
Un error en la notificación provocó que tanto Mario Lago como José Manuel Dopazo no hubiesen recibido la citación de Fiscalía. No obstante, tras tener conocimiento a través de los medios de comunicación de que el Ministerio Público pretendía tomarles declaración en la jornada de ayer, fueron los propios directivos de "O Mirador" los que decidieron, de "motu proprio", presentarse en el juzgado de A Parda para comparecer ante Juan Carlos Aladro. Según Lago y Dopazo, así dejan claro "la voluntad de colaboración" con el fiscal jefe, al considerar que no son responsables de los delitos de los que les acusa por Pueblo Gitano.
El fiscal jefe también se mostró interesado en la labor de integración desarrollada por la asociación "O Mirador". Según Lago y Dopazo, le explicaron que en los últimos años unas 100 familias de etnia gitana han pasado a formar parte de la comunidad vecinal en perfecta armonía con los "payos" y le dejaron diversa documentación que acredita el trabajo realizado en este sentido por el colectivo vecinal.
Lores no declarará
La denuncia presentada en un primer momento por Pueblo Gitano también incluía como acusado al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Según confirmó el propio fiscal jefe de la Audiencia, el regidor no será llamado a declarar ya que no está denunciado, puesto que la asociación que preside Sinaí Giménez habría retirado la denuncia contra él.
Aportan "más pruebas"
Precisamente, el presidente de Pueblo Gitano coincidió brevemente con los dirigentes de "O Mirador" en el juzgado. Giménez compareció en Fiscalía para, según sus palabras, aportar "más documentación y pruebas sobre los hechos denunciados", así como alguna otra información sobre Pueblo Gitano que le ha solicitado el fiscal jefe.
Giménez asegura que podrían incrementarse el número de personas denunciadas y que amplía su denuncia a las manifestaciones que se están llevando a cabo ante la vivienda de las dos familias realojadas en Caritel, Ponte Caldelas.
El presidente de Pueblo Gitano considera que la actuación del fiscal está siendo "apropiada, adecuada y propia de un sistema democrático en el que nadie puede echar por la fuerza a unas familias de sus viviendas que, por cierto, éstos lo han conseguido ya que las familias se han ido por miedo a las manifestaciones". Cree que la investigación de Fiscalía es una "buena noticia" para el colectivo gitano que "tras aguantar las provocaciones y no responder a estas manifestaciones, ve como la Justicia actúa".
Al ser preguntado por los periodistas si se había saludado con los dirigentes vecinales tras encontrarse en el juzgado, Giménez señaló que "no, porque no se merecen el saludo del presidente de Pueblo Gitano".

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