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El BNG cierra filas en defensa de sus proyectos sobre vivienda y bienestar

 
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<B>El vicepresidente segundo de la Fegamp, Francisco García, y el teniente de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, ayer con otros cargos del BNG en una comparecencia pública en Ourense. / </B><I><K>iñaki osorio</K><br/>
El vicepresidente segundo de la Fegamp, Francisco García, y el teniente de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, ayer con otros cargos del BNG en una comparecencia pública en Ourense. / iñaki osorio
 

M.J.A. / OURENSE Los cargos del BNG en la provincia de Ourense, cerraron filas ayer en defensa de los proyectos de leyes de Vivenda y Servizos Sociales, que están impulsando los departamentos de la Xunta que gestiona el BNG, y calificaron de irresponsable", al presidente de la Federación Galega de Municipios, el socialista Carlos Fernández, por atacar sendos proyectos "de progreso para Galicia", y asegurar erróneamente, según los nacionalistas, que esas leyes"atentan contra la autonomía de los concellos ".
Así lo denunció ayer el alcalde de Allariz y vicepresidente segundo de la Fegamp, Francisco García, en un acto público de reprobación contra las declaraciones del presidente de esa federación de municipios, acto en el que el alcalde nacionalista estuvo arropado, entre otros, por los alcaldes de Castrelo de Miño, Rairiz de Veiga, la alcaldesa de A Bola, y los tenientes de alcalde de Ourense, Amoeiro, Coles y A Rúa.
El BNG señaló que "llevábamos muchos años aguardando por una red pública y por un sistema gallego de bienestar, en el que los concellos no anden pidiendo por San Caetano y tengan una financiación garantizada".
De ahí nació el Consorcio Galego de Servicios Sociales, un "instrumento de colaboración", según el BNG que parte de la concurrencia de competencia entre Xunta y Concello, en el campo de los servicios sociales y realiza un reparto adaptado de obras para cada municipio.
Sin embargo algunos alcaldes de PP y PSOE, entre ellos el presidente de la Fegamp, señalaron que esa ley de sociales marca cuotas de obras obligatorias a los concellos, algo que según el BNG, ya pasa con la Lei de Servizos Sociales que rige en Galicia de hace 15 años, y que impone porcentajes de inversión en bienestar según el número habitantes de los concellos.

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