V. RODRÍGUEZ / OURENSE
Los grupos de la oposición en el Concello de Ourense, BNG y PSOE, no se mostraron sorprendidos ante la denuncia penal presentada por una empresa de construcción y un particular contra el actual alcalde, Enrique Nóvoa, su antecesor, Manuel Cabezas, el ex secretario municipal, Mariano Rodríguez, y tres funcionarios del área de Urbanísmo, y que dicen es producto del "descontrol que existe en la gestión urbanística".
El portavoz socialista, Francisco Rodríguez, aseguró ayer que la política del gobierno del Partido Popular en materia urbanística lleva tiempo "bajo sospecha", y se convirtió en "su talón de aquiles", por lo que denuncias de este tipo "era algo esperado". Aunque reconoce que "cuestiona la credibilidad del Concello".
Los nacionalistas consideran que, después de confirmarse la presentación de la denuncia penal, es el momento de que la justicia, desde la independencia y el rigor, realicen su trabajo, y sostienen que "la falta de transparencia y las operaciones escandalosamente especulativas" marcaron la política urbanística del gobierno del PP en los últimos 12 años.
Así, el portavoz del grupo municipal del BNG, Alexandre Sánchez Vidal, comentó que "es algo que venimos denunciando", y que el poder de decisión en temas urbanísticos "se concentró en despachos sin airear, enrareciendo el ambiente", que ahora lleva este asunto a la vía judicial.
De ahí que aprovechó la ocasión para indicar que "llegó la hora de abrir las puertas al verdadero cambio", y que en lo que al urbanismo se refiere es necesaria, sobre todo después de "las denuncias políticas que sobre pelotazos hicimos a lo largo de estos años".
Por su parte, Francisco Rodríguez asegura que "estamos ante un episodio más de esa nefasta gestión urbanística del gobierno del PP", en el que se constata "una falta de control", debido a que "si hay un edificio de 60 viviendas, luego no pueden aparecer 69", como dice ocurrió en este edificio construido en el entorno de la Plaza das Mercedes.
Según los datos de que disponen los socialista, eso fue posible al aprovechamiento que se hizo, por parte de la empresas constructora, y en este caso con la "presunta permisividad" del concello, al convertir las buhardillas en pisos, y que "refleja una falta total de control municipal".
También lamenta Rodríguez la "falta de cautela" del grupo de gobierno en lo que se refiere a la concesión de licencias de obra y de ocupación, que luego llevan a estas situaciones, algunas de las cuales también pueden acabar en la vía judicial.
Una de las preocupaciones del portavoz nacionalista, Sánchez Vidal, es la "inseguridad jurídica y económica" que estos hechos producen, y recordar que el sector de la construcción "es el 9% de nuestro empleo directo y el 25 por ciento de nuestra economía".
Además de que "defendemos la honestidad del sector, sentimos que determinados políticos provoquen alarma social con determinadas actuaciones", Sánchez Vidal también comentó que una ciudad "merece que sus dirigentes estén a la altura de sus ciudad".