Las falta de consenso de los grupos políticos del Concello de Ourense para aprobar unos presupuestos, cuando falta solo un año para rematar el presente mandato, y la burocracia que exigen algunos técnicos municipales para ejecutar los acuerdos del gobierno local y liberar el dinero conveniado previamente por el Gobierno local con oenegués que lo necesitan ha provocado el hartazgo de la mismísima curia diocesana.
El delegado de Cáritas mostraba ayer la preocupación de esta entidad de la Iglesia por la demora ya de año y medio por parte de las administraciones (se refería al Concello en liberar los 100.000 euros del convenio de 2017 para que pueda funcionar con normalidad el comedor social, uno de los servicios más sensibles, pues el pasado año repartió 118.749 menús y sigue al alza).
"Las personas necesitadas no pueden estar esperando por peleas políticas", señaló Fejóo Mirón con prudencia y sin querer centrarse en ninguna administración, pese a la insistencia de los medios de comunicación.
Pero es el Concello de Ourense el que firmó a finales de 2017 con máxima urgencia la donación de 100.000 euros para el comedor social que está sin abonar. Además el 90% de los vales que se otorgan a las personas que llega a Cáritas para ser canjeados por un menú en el comedor social los entrega el Concello.
1,8 millones de gastos
De ahí que los responsables de Cáritas Diocesana en Ourense, como otras asociaciones benéficas, mostrara su protesta, pues "cada año los técnicos piden más papeles para pagar", indicó ayer María Tabarés. Cáritas, pese a todo, hizo números y gastó 1,8 millones en 2017 en sus programas sin ir aún a crédito bancario.
