Tras hacer varios paros de una hora en las últimas semanas, la primera huelga conjunta de magistrados y fiscales de la historia fue secundada ayer en toda España por 3.537 jueces -el 65% del total- y 1.297 fiscales -un 52%-. En Galicia, según el Tribunal Superior, participaron 166 de los 342 en activo en la comunidad. Se suspendieron un total de 146 actuaciones judiciales (juicios o declaraciones), 135 de las cuales en órganos unipersonales y 15 en las Audiencias Provinciales. El seguimiento en la ciudad de Ourense fue de un 70% de los magistrados. Fueron a la huelga 19 de los 27 titulares (todos los de la Audiencia). Ocho de los 15 fiscales de la provincia apoyaron el paro, un 53%. Mantuvieron servicios mínimos.
El magistrado decano de Ourense, Leonardo Álvarez, titular de Instrucción Número 1, fue uno de los que ayer secundó la huelga. El juez confirmó el "descontento" de ambas carreras y censuró los "continuos ataques contra nuestra independencia". Citó como ejemplo las declaraciones del ministro Rafael Catalá sobre el magistrado discrepante de la sentencia de La Manada y exigió que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, "que es nuestro órgano de gobierno", sean elegidos en su totalidad por los magistrados.
El colectivo reclama al Ministerio de Justicia una subida salarial. Cobran 180 euros por guardias de una semana y en los últimos 9 años, "hemos perdido un 23% del poder adquisitivo". El fiscal Miguel Ruiz recuerda que, tras la bajada de un 10% de su salario en 2010, este año no se ha previsto un incremento como a otros funcionarios. "No llegamos a 2 euros la hora de guardia. Gana más un abogado por un juicio rápido por una alcoholemia que nosotros por una semana de guardia", compara el fiscal. Su carrera también reivindica una independencia orgánica del ministerio.
Jueces y fiscales se quejan además de que sus sistemas informáticos son "caducos, diferentes e incompatibles", en palabras de Leonardo Álvarez. También reclaman una mayor inversión en justicia, que se amplíen los permisos de paternidad y más plazas. "Lo peor es que a los nuevos jueces, a la mayoría se les coloca reforzando otros juzgados o sustituyendo a otros. Nunca vi que un alcalde se destine a reforzar una alcaldía".
El decano lamenta, asimismo, que se produzcan "adscripciones obligatorias" como la que ha recurrido la juez de Menores, a quien el CGPJ obligó a reforzar la sección civil de la Audiencia Provincial.
