Con la incertidumbre de lo que pueda acontecer en el pleno extraordinario convocado para mañana lunes, a las 13.00 horas, en lo que se refiere a la aprobación de la urgencia que permita al gobierno popular poder acudir a la cuestión de confianza y de esa forma aprobar el proyecto de presupuestos para 2018, el informe del interventor, en este caso relativo a las enmiendas presentadas al documento por el grupos socialista y Ourense en Común, vuelve a cuestionar todo el procedimiento que se siguió.
Así, en las consideraciones previas, el interventor es de lo más contundente al señalar que "las garantías que comportan el ejercicio de fiscalización previa de los expedientes con repercusiones económicas, no fueron respetadas en la tramitación del presupuesto general del concello en el ejercicio de 2018". Y asegura que el proyecto de presupuestos aprobado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión urgente celebrada el pasado 25 de abril, "no fue sometido al trámite preceptivo de fiscalización previa, dado que se introdujeron cambios en su redacción inicial, tanto en lo que se refiere al estado de consolidación del presupuesto, como en la apropia redacción de las bases de ejecución".
Pero va más allá en el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno que marcó el inicio del proceso de tramitación de los primeros presupuestos en el presente mandato, tres años después de iniciado el mismo y a uno para que concluya. Concreta que "se incluyó de forma indebida una indisponibilidad de créditos presupuestarios". Y lo argumenta en que la propuesta del gobierno popular "no fue sometida a trámite alguno de fiscalización previa", y que la declaración de créditos "requería de un acuerdo plenario y no de un acuerdo de la Junta de Gobierno porque no reviste el carácter de modificación presupuestaria".
Además, entiende el interventor que se adoptó el acuerdo "sin respetar el procedimiento regulado en el artículo 10 de las bases de ejecución presupuestaria. Y explica que "no cabe establecer una autorización de reposición de crédito a disponible sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario", debido a que lo que se denomina "reversibilidad automática no figura contemplada en la legislación reguladora de la haciendas locales".
El último de los argumentos que plasma en su informe el interventor se centra en que el acuerdo se adoptó sobre estados de gastos de un presupuesto "que no existe, toda vez que constituyen meras previsiones en un expediente presupuestario que a día de hoy ni siquiera fue aprobado con carácter inicial".
Así las cosas, por parte del gobierno popular no se comparten las consideraciones que realiza el interventor en el informe de las enmiendas, ni con el que hizo en su momento sobre el propio proyecto de presupuestos. Y se alude, para avalar el proceso, al que emite el jefe de Gestión Económica y Presupuestaria.
Pero lo que se cuestiona por parte del gobierno, se convierte en el pilar fundamental que esgrimen los grupos de la oposición para rechazar de plano un proyecto de presupuestos que no dudan en calificar de "ilegales". De ahí que todo apunta a que los tres grupos rechazarán en el pleno del lunes la urgencia, con lo que se cerrará definitivamente la puerta a la cuestión de confianza para poder aprobar el presupuesto.
