17 de mayo de 2018
17.05.2018
Un contencioso iniciado hace más de siete años

Jácome urge que se recupere el espacio, sobre todo el parking

17.05.2018 | 03:36

El informe de la asesoría jurídica municipal será determinante en la decisión que finalmente adopte el gobierno popular en relación a la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 que condena al concello a iniciar, tramitar y resolver, en el plazo máximo de tres meses, la revisión de las licencias concedidas en la Plaza de San Antonio, sobre todo en lo que se refiere al aparcamiento subterráneo, toda vez que tanto la superficie como el subsuelo son de titularidad pública.

Así, el alcalde, Jesús Vázquez reconocía ayer que por el momento "no tenemos una decisión tomada", ya que actualmente la asesoría jurídica analiza la sentencia y emitirá antes de que finalice el plazo de quince días un informe en el que "nos dirá si es conveniente recurrir, o por contra proceder a la revisión de las licencias, como así señala el magistrado".

Y aunque evitó entrar en el contenido de la sentencia, el regidor recuerda que se trata de un asunto "que viene desde 2011", y que además llevó consigo que "fuesen juzgados concejales de la anterior corporación [en alusión al gobierno socialista] por lo que ahora debemos esperar a lo que digan los técnicos municipales".

En la misma línea se pronunció el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que reconocía no haber recibido a día de ayer la sentencia judicial, aunque conoce los términos de la misma, pero elude hacer valoraciones al respecto, en un intento de que sean los jurídicos del concello los que trasladen al gobierno sus consideraciones.

Lo que explica es que el actual gobierno se encontró con este asunto, que además "se le había encargado a un abogado externo -que estuvo imputado en la causa penal junto a la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, que finalmente fueron absueltos del delito de prevaricación- y se decidió que se encargasen los servicios jurídicos del concello de seguir con el asunto".

Se trata, por lo tanto, de un contencioso iniciado hace más de siete años, contra la "inactividad" del concello a la hora de tratar y resolver la petición de revisión de licencias de legalización de la construcción y apertura de usos y actividades bajo la Plaza de San Antonio.

Pero cuando estaba en marcha el procedimiento contencioso, Democracia Ourensana presentó denuncia penal. Eso llevó consigo que el pleito se paralizase hasta que se finalizase el procedimiento penal por prevaricación. La sentencia fue finalmente absolutoria por entender el juzgado que, al margen de las irregularidades o ilegalidades administrativas, no se podía considerar que la concesión de licencias fuese un delito.

Una vez que es firme la sentencia penal se retomó el procedimiento contencioso-administrativo, y es ahora cuando el magistrado dicta sentencia en la que estima el recurso presentado por una particular, cuyo letrado, Feijóo Miranda, valora la posibilidad de recurrir por entender que "debería ir más allá", en el sentido de que tal y como se plasman en los fundamentos jurídicos "debería haber anulado directamente la licencias, sin esperar a que ese proceso lo realice el concello".

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