Tras el ultimátum de los funcionarios de justicia de Ourense a los sindicatos, cuyo acuerdo al margen de las centrales busca la adhesión desde mañana de los compañeros del resto de Galicia, las representantes de los trabajadores consultados por este periódico se muestran dispuestos a sentarse y negociar el fin de un conflicto que supera los 3 meses, ha paralizado buena parte de la actividad judicial y ha suspendido miles de vistas, además de enviciar en las últimas semanas el ambiente en las oficinas tras la ruptura de la unión sindical. Los trabajadores urgen a las centrales que recuperen la unión y convoquen una reunión "inmediata" para poner fin al conflicto de la administración gallega más duradero. Los sindicalistas coinciden en el fin pero algunos discrepan en qué formato de negociación con la Xunta es el adecuado.
"Se puede considerar que estamos ante un ultimátum de los trabajadores, porque evidentemente hay un hartazgo, pero el problema es que tres sindicatos no han sabido gestionar el no al acuerdo de la última votación, crean inseguridad jurídica y están dando bandazos. No se respetaron los principios mínimos de una democracia", insiste Manuel Carvajal, de UGT, que junto a CSIF declinó asistir a las reuniones de comité de huelga. En el frente de funcionarios iniciado en Ourense se exige a las siete centrales que vuelvan a ese órgano -solo continúan cuatro- y logren un acuerdo. "Yo no puedo unirme a sindicatos que no respetan las normas más básicas, como es votar en libertad. Está claro que hay que dar una salida y para eso la Xunta tiene que convocar mesa sectorial", dice Carvajal. Esa es la intención de la administración.
"No se puede consentir que el resto de integrantes del comité de huelga no se sienten a negociar. Llevamos pidiéndolo semanas. No veo una sola razón por la que un sindicato no acuda al comité de huelga, ni que la administración no convoque al órgano competente, que es el comité", discrepa Nuria Fornos, de Alternativas na Xustiza-CUT.
"Entiendo que la gente esté cabreada y lo pague con todos, quiere una solución al problema y llevamos dos meses con un acuerdo que no sale", valora Fran Álvarez, de SPJ-USO, que junto a Carvajal de UGT se ofreció a dar explicaciones en la asamblea del viernes, una opción que los funcionarios descartaron. "Espero que haya una mesa de negociación. La tensión acumulada acabará cuando la Xunta nos llame y firmemos un acuerdo".
"Vamos a intentar que la Xunta nos convoque a la mayor brevedad. La situación no es fácil, el desgaste de tantos meses de huelga hace mella, tanto a nivel económico como anímico. Hay distancias y fricciones", señala José Antonio Sotelo, de CSIF. "Queremos una solución rápida, aunque algunos sindicatos tengan más intención de cerrar el conflicto que otros". Sobre la asamblea y el ultimátum, Sotelo acepta la medida de los funcionarios: "Cualquier forma de presión a la Xunta para que se siente a negociar es positiva".
