El 31 de julio de 2017, el vicepresidente de la Xunta y responsable del área de justicia, Alfonso Rueda, visitó el Pazo de Xustiza de Ourense para anunciar el comienzo de las obras de adecuación de espacios en el edificio de Concepción Arenal -con varias salas desocupadas tras la mudanza de la mayoría de tribunales al nuevo edificio de O Couto- para albergar la nueva sede de la Policía Autonómica, que cuenta en la ciudad con 45 agentes actualmente. Un año después, la inauguración aún está lejos. La Xunta comenzó la reforma sin tener autorización de Patrimonio -un organismo de su propia administración-, y las obras se paralizaron después de que el Concello de Ourense abriera un expediente de disciplina urbanística. Toda modificación en el edificio, inventariado en el catálogo de patrimonio cultural y con protección estructural, requería permiso expreso. La faena ha regresado a la planta baja del edificio en los últimos días. Tras la autorización de Patrimonio, así como otros informes, la junta de gobierno dio el visto bueno a la licencia y el Ayuntamiento notificó la autorización a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza.
En la reunión celebrada el 5 de abril, los diez concejales del gobierno del PP votaron a favor de la licencia urbanística de obra y actividad "para proxecto básico e de execución de adecuación de locais para sede de Policía Autonómica no Palacio de Xustiza, sito na Praza Concepción Arenal, nº 1". Los trabajos cuentan con un presupuesto de 63.631,18 euros. La autorización que puso fin a meses de paralización de las obras dispone de informes técnicos y jurídicos. Tras el expediente de disciplina urbanística y las advertencias sobre la falta de permisos que hizo el sindicato UGT, se sucedieron varios trámites.
Carecía de varios informes
Según el acta de aquella junta de gobierno local, la luz verde a la licencia se decidió "en base ós informes da arquitecta técnica municipal de datas 24 de xaneiro do 2018; ó informe da enxeñeira técnica industrial municipal de control acústico de data 27 de decembro do 2017; ó informe do oficial de incendios do Servizo de prevención, extinción de incendios, salvamento e protección civil, de data 26 de xaneiro do 2018; ás resolucións de datas 6 de novembro do 2017 e 19 de febreiro do 2018 da xefa de Servizo do Área Cultural da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia; e, ó informe xurídico de data 27 de marzo do 2018".
En el momento en que finalice la reforma del espacio del palacio de justicia que albergará la nueva sede de la Autonómica -la delegación territorial no respondió a la pregunta de este diario sobre el plazo previsto tras la reanudación de las obras-, la consellería deberá justificar el resultado de la adecuación de espacios, antes de poder inaugurar las instalaciones.
El mismo acuerdo de la junta de gobierno deja claro que, como en todos los casos de obra mayor, el interesado debe entregar "o certificado final de obra, asinado polo técnico competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á licenza outorgada, advertíndolle que non exerza actividade en canto non obteña a preceptiva licenza de ocupación e o conforme da actuación comunicada".
UGT advirtió en diciembre de que no bastaba con una actuación comunicada y que era necesario un permiso de obra mayor. Entre otras reformas, se picó el forjado y se tuvo que abrir un foso e instalar la estructura para un ascensor que comunicará los dos niveles que tendrá la sede de la Autonómica.
El expediente de disciplina
El Ayuntamiento dictó a finales de 2017 un expediente de disciplina urbanística para reponer la legalidad, "con ánimo de que se paralizasen las obras si no se legalizaran", según el concejal de Urbanismo, José Cudeiro (PP). El edil desconocía ayer cómo terminó el expediente y si se ha sancionado a la Xunta, aunque "lo que suele ocurrir es que cuando se da un plazo para la legalización de una obra y se cumple, el expediente se archiva", afirma Cudeiro.
El Pazo de Xustiza, un edificio noble que preside la plaza de Concepción Arenal, fue hasta 2015 el epicentro de la administración de justicia en Ourense. El inmueble no era suficiente, entonces, para albergar todos los servicios. La mudanza de la mayoría de tribunales al nuevo edificio de O Couto dejó vacíos los espacios, salvo la Audiencia Provincial y la Fiscalía y el juzgado de Menores. La Xunta, propietaria de ambos inmuebles, asignó nuevos usos al viejo edificio, como un archivo, un aula de formación, la separación en dos plantas de las dos secciones de la Audiencia (civil y penal), o la instalación de una sala para testigos y otra para prensa. El cambio más radical, el de la sede de la Autonómica, afectará a la planta baja más una parte del primer piso. La Xunta usará esa zona del edificio judicial como sede de la policía adscrita para ahorrar 65.000 euros al año en el alquiler de la actual oficina, que no es propiedad de la administración.
Las instalaciones tendrán entrada independiente por la parte de atrás del edificio y estarán separadas de los juzgados. En un primer paso, se desmontaron las oficinas del archivo para trasladarlas de la primera a la tercera planta. La segunda fase, que ahora se reanuda tras cumplirse la legalidad de informes y licencia, consiste en la rehabilitación de la planta baja. El retraso de la obra se acentúa. En agosto, la Xunta anunció que la reforma estaría terminada "previsiblemente" antes de que finalizase el año.
En la planta baja se ubicará el acceso exclusivo a la comisaría, los vestuarios, la sala de reuniones, así como el habitáculo para el armero y los escudos. En el primero piso habrá oficinas, despachos y archivos. Una escalera y el ascensor permitirán la comunicación interna de la sede. Además, los sistemas de calefacción y electricidad se adaptarán para su uso por parte de la sede policial, separado del resto del edificio. Los vehículos camuflados, las motos y otras unidades de la flota se guardarán en un parking cerrado en el edificio 151 de la Rúa Progreso. Frente a la comisaría, en la parte trasera, también quedará un espacio disponible para el aparcamiento.
Además de denunciar la falta de permisos, UGT preguntó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si había emitido el informe preceptivo para un cambio de uso en un edificio judicial, como establece un acuerdo del pleno del CGPJ de julio de 2000. No hay respuesta aún.
