El Juzgado de Primera Instancia número uno de Ourense estimó la acción declarativa de dominio interpuesta por la Comunidad de Montes de Cristimil y A Torre frente al Concello de San Amaro y la Xunta de Galicia en relación a la superficie de 15 hectáreas en las que se ubica el castro de San Cibrán de Las y el Centro de Interpretación del mismo de la Xunta de Galicia.

La sentencia emitida por el Juzgado no es firme, por lo que la Xunta de Galicia y el Concello de San Amaro disponen hasta el próximo 8 de junio para recurrirla.

El presidente de los comuneros, Modesto Rodríguez, reconoce que, según le ha comunicado la abogada, "la sentencia es ejemplar, impresionante y tanto Xunta como Concello no tienen por dónde cogerla".

Modesto Rodríguez asume que los organismos citados podrían recurrir, aunque espera que "tengan la seriedad de no hacerlo y llamar para sentarse a negociar, ya que son ellos los que siempre dicen que hay que acatar las decisiones de la Justicia".

De no ser así, el presidente de los comuneros asegura que están dispuestos a "llegar a Bruselas si hace falta para lograr que se reconozca que los terrenos son propiedad de los vecinos".

Esta sentencia es la primera ocasión en la que se le da la razón a los comuneros desde el inicio de la disputa judicial, en septiembre de 2011. La Comunidad de Montes de Cristimil y A Torre demandó al Concello de San Amaro y la Xunta de Galicia tras conocer que la parcela de unas 15 hectáreas en la que se asienta el yacimiento figuraba en el inventario de bienes municipales. A raíz de la calificación del Jurado Provincial de Montes, que catalogó el espacio de San Cibrán de Las como monte vecinal de man común.

Si la sentencia no es recurrida por las instituciones y se falla definitivamente a favor de los comuneros, su presidente, Modesto Rodríguez, asegura que reunirá a los vecinos afectados "para proponerles la cesión a la Xunta de Galicia de las hectáreas que sean, siempre por el bien de la sociedad".

Señala, además, que tendrán que negociar con cautela las cantidades económicas por el traspaso de los terrenos a la institución. Como referencia, apunta un episodio anterior relacionado con parte del castro que pertenece a Ourantes, en Punxín: "A estos vecinos sí se les reconoció la titularidad y, por la cesión de unas propiedades menores, recibieron una cantidad superior a 100.000 euros".