La Audiencia Provincial de Ourense tiene previsto juzgar el jueves a J. S. R. y J. M. V. M., una mujer y un hombres acusados de estafar presuntamente a una pareja con la reforma de una vivienda unifamiliar en el municipio de Cartelle. Según determinaron los peritos en un informe, los encausados cobraron 67.445 euros por medio de tres cheques -entre diciembre de 2014 y febrero de 2015-, cuando el valor real de las obras ejecutadas fue de 9.000, de modo que el perjuicio patrimonial ocasionado sería de un total de 58.445 euros.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa. Pide para los acusados 5 y 7 años de prisión. La pena más elevada es para J. S. R., porque se aplica la circunstancia agravante de reincidencia. La mujer ya fue condenada en marzo de 2014 por el mismo delito. Impuso la sentencia el mismo tribunal que juzgará este caso, la Audiencia Provincial de Ourense. El encausado J. M. V. M. carece de antecedentes penales.
La presunta estafa en la reforma de la casa empezó a investigarse en 2015 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Celanova. La Fiscalía sostiene que los acusados no tenían "intención alguna de ejecutar la obra" cuando presentaron a una pareja, a través de una empresa, un proyecto de rehabilitación de una vivienda de Cartelle, que ascendía a 90.000 euros y consistía entre otros extremos, en la renovación del mobiliario de la cocina y el baño, obras de carpintería, cambio de instalación eléctrica, trabajos de fontanería y calefacción, así como el revestimiento de la fachada.
Durante el mes de noviembre de 2014, tras haber aceptado el presupuesto presentado por los encausados, las víctimas pidieron a un banco un préstamo hipotecario, por importe de 96.000 euros, con el fin de sufragar la obra descrita, firmando el contrato con la entidad bancaria el 17 de diciembre.
Las dos partes acordaron que las cantidades se irían abonando conforme a la presentación de facturas. Presuntamente, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, J. S. R., presentó a través de su empresa unos documentos en los que se detallaban trabajos que en realidad no habían sido ejecutados. En realidad, sostiene la acusación, solo se había ejecutado parte de lo inicialmente proyectado.
Además de la petición de 5 y 7 años, la Fiscalía solicita multas de 5.400 y 6.000 euros, así como la devolución a las víctimas de los 58.445 euros estafados, más intereses.
