Javier G. J., encarcelado desde finales de enero por retener presuntamente a una joven a la que agredió sexualmente y amenazó, hasta el punto -según la denunciante- de obligarla a robar, drogarse e incluso comer su vómito y dormir sobre la orina, dio de nuevo su versión al juez en un escrito de su puño y letra. Tras acogerse a su derecho a no declarar hace unos días en la indagatoria regulada en los procesos de sumario, el presunto se dirigió al juez con un documento manuscrito. Su defensa es que las relaciones fueron consentidas. Pidió al juez que lo dejara en libertad con una fianza asumible, porque cobra solo una prestación pequeña. El magistrado no lo cree. Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, ratificó la medida de prisión preventiva en un auto de 17 enero que reproduce los motivos expresados por la autoridad desde que envió a prisión al investigado. Considera que existe riesgo de reiteración delictiva.
La defensa ha presentado recurso de reforma ante el mismo juzgado -así lo exigen los sumarios-, y acudirá en apelación ante la Audiencia Provincial si -como es probable- el juez instructor mantiene su criterio de que Javier G. J., de 40 años y múltiples antecedentes, debe continuar en prisión preventiva.
El abogado del presunto violador ha presentado un dispositivo de memoria con imágenes y vídeos que se encontraban en el teléfono de Javier y en los que, según esta parte, se ve a la joven y a su defendido en buena sintonía, "bailando y cantando". Los datos de las fotografías indican que varias fueron realizadas dentro del periodo de retención contra su voluntad que relató la víctima.
Frente al criterio del juez, la defensa discute la medida de prisión preventiva también en comparación con el resto del clan familiar investigado como presuntos cómplices o cooperadores. Los padres y tres hermanos de Javier están imputados porque el juez sostiene que sabían y toleraban el comportamiento delictivo de Javier. El abogado sostiene que el riesgo de reiteración delictiva podría atajarse con la medida cautelar de alejamiento de la víctima que está en vigor para todos los procesados en este sumario.
La investigación no ha terminado. La Fiscalía solicitó datos sobre las comunicaciones telefónicas para comprobar si la joven estuvo retenida y amenazada. Además, el forense aún no ha remitido al juzgado el informe definitivo sobre las lesiones, tratamiento y posibles secuelas de la denunciante.
La víctima denunció que el 4 de enero de 2018, Javier G. J la obligó a alquilar una habitación en un hotel mediante coacciones y amenazas. Allí presuntamente la forzó a mantener relaciones sexuales. La mujer asegura que después estuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en el domicilio del sospechoso. Durante ese periodo, según recoge el auto de procesamiento, "fue objeto de continuas amenazas y vejaciones" entre las que se incluían hacerla comer el vómito o dormir sobre su orina, "llegando incluso a golpearla en todas las partes del cuerpo empleando objetos contundentes como un garrete.
La víctima "también fue obligada a mantener relaciones sexuales con Javier, a drogarse, a sacar dinero, y a intervenir en distintos delitos contra la propiedad, todo ello bajo coacciones y amenazas tales como "te mato" o te "arranco los ojos". El instructor destaca que la declaración de la mujer no incurrió en contradicciones, fue "coherente, razonable y perfectamente creíble", sin razones para dudar de su objetividad. Considera "poco creíble" la versión de Javier sobre relaciones consentidas.
En la última declaración del caso, la semana pasada, los familiares del presunto violador, investigados como supuestos cómplices o cooperadores necesarios de los presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal, coacciones y amenazas, se desvincularon de los hechos y lo acusaron solo a él. En sala, ante el magistrado, reiteraron que vivían "atemorizados" y coaccionados por su pariente. A la salida, el patriarca dijo a los periodistas algo similar: "Es un bicho y un demonio. Si él hizo el delito, que pague".
