Con la intención de relegar la denuncia del interventor sobre "irregularidades" en el procedimiento seguido en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aprobó el gobierno municipal, el alcalde, Jesús Vázquez, señala que se trata de una "alegación más" y añade que ahora serán los técnicos municipales los que deben resolverla con el resto en "igualdad de condiciones" .
Ese fue el pronunciamiento del regidor en la comparecencia que tuvo lugar ayer para dar a conocer los acuerdos adoptados en la reunión de la junta de gobierno local, al ser preguntado por la información que público en su edición del miércoles FARO, en la que se da cuenta de los argumentos que esgrime el interventor para formular una reclamación contra la modificación de la plantilla municipal, que lleva consigo retrotraer las actuaciones practicadas y advertir que "estarían viciados de nulidad los acuerdos que eventualmente puedan adaptarse" por parte del gobierno municipal.
Sobre esta cuestión, el regidor evitó entrar en el contenido de los argumentos del interventor, sobre todo en lo que se refiere a la "falta de fiscalización" para aprobar la modificación de la RPT, y optó por dar cuenta del resumen de las 82 alegaciones presentadas a la aprobación inicial, que se presentaron fuera del orden del día y que se encuentran en el proceso de análisis por parte de los técnicos municipales, sin concretar cuales.
Bloque de alegaciones
Unas alegaciones que fueron clasificadas por bloques. El primero de ellos relativo a los grupos políticos, tanto de Democracia Ourensana, Partido Socialista y Ourense en Común, coincidiendo en que "hacen una valoración crítica sobre el expediente y solicitan dejar sin efecto la aprobación inicial de la modificación de la plantilla municipal". Con la excepción de OUeC que aseguran "no solicita nada".
En el segundo bloque se encuadran las alegaciones del interventor general: una solicitando la de retrotraer el expediente administrativo al inicio del trámite por "posibles vicios de nulidad" y la otra solicitando la "recuperación de los puestos amortizados vacantes dependientes de la Intervención General y la creación de nuevos puestos".
Otras alegaciones, en concreto 13 (12 individuales y una colectiva), corresponden a las educadoras sociales, que solicitan la revaloración del puesto de trabajador social del servicio de Bienestar Social al puesto de trabajador social del servicio de salud.
Por otra parte, también se presentaron tres alegaciones para la igualdad de valoración de puestos equivalentes, relativas a los puestos de jefe de servicio, negociado, unidad administrativa y coordinación, equiparando la valoración de los complementos específicos. Así como otras tres alegaciones para la creación de puestos en la Relación de Puesto de Trabajo, en ese caso, un laboral por obra y servicio vinculado al programa de subvención y dos laborales indefinidos por sentencias que solicitan la creación de su puesto de funcionario en la nueva RPT.
En cuanto a las alegaciones solicitando distintos cambios en los puestos de la actual plantilla fueron en total 19 los funcionarios que piden cambios de denominación, revaloración del puesto, cambio de las condiciones laborales de los puestos ocupados e incremento del número de puestos.
Otras alegaciones se refieren a la reincorporación de puestos amortizados (2); monitor de Bienestar Social (3); a las normas de gestión de la propia RPT (2). En lo que se refiere al bloque de "foros sociales y colegios oficiales, fueron 4 las alegaciones presentadas: el Foro Feminista "Falando Nos", el Colegio Oficial de Arquitectos, el Colegio Oficial de Telecomunicaciones, el de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con la de los sindicatos UGT, CC OO, SAP y CSI-F (5). Así como la específicas de la Policía Local, sobre todo del sindicato SPPME, con 9, y una de la actual intendente.
Pero más allá del resumen de las alegaciones, el portavoz del principal grupo de la oposición, Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, criticó la postura del alcalde sobre las consideraciones del interventor, toda vez que "deja en evidencia la política del gobierno y en particular de Jesús Vázquez". Y considera "muy serio y preocupante" lo que plasma en su informe/alegación el responsable de la fiscalización.
Para Jácome no hace más que confirmarse lo que su grupo viene denunciando desde hace tiempo, en el sentido de "culpar a todo aquel -oposición y funcionarios- que no justifiquen la nefasta gestión que lleva a cabo un gobierno incapaz de aprobar los presupuestos y sacar adelante las concesiones de servicios básicos".
