Con la intención de frenar la controversia suscitada en torno a la ubicación de pantallas digitales en diferentes zonas de la ciudad, objeto de denuncias y críticas, sobre todo por parte de los grupos de la oposición, el alcalde, Jesús Vázquez, remitió ayer una relación de informes sobre los denominados "mupis digitales", así como unas declaraciones vía gabinete de comunicación de Alcaldía, en el que defendía todo el proceso que se había seguido, y de esa forma rechazar cualquier tipo de responsabilidad del gobierno.

Así, alude a que el pliego de condiciones técnicas para la adjudicación de los mupis, por los que el concello espera recaudar más de 110.000 euros al año, ya estaba elaborado antes de la llegada del actual gobierno local, y que en su posterior desarrollo, previo a la adjudicación, se contó con "informes positivos y favorables", por lo que "no hay más que decir". Y añade que según lo que le dicen "a la gente mayoritariamente le parece bien".

También esgrime como argumento par mantener estas pantallas digitales, así como su actual colocación, en que se trata de una "importante oferta de información", tanto para los ciudadanos como los visitantes. En concreto todas aquellas de ámbito municipal, tanto en las que se refieren a directas actividades y servicios que se prestan, como las principales zonas que pueden visitar las personas que acudan a la ciudad.

Incumplimientos

Si el alcalde daba a conocer los informes "favorables vinculantes" de la Axencia Galega de Infraestructuras de la Xunta, como la polémica pantalla de Sáenz Diez y la de Bispo Cesáreo, la denuncia de un policía local sostiene que "aparte del nuevo incumplimiento" de leyes y ordenanzas, se le añade la "previsible irregularidad" del contrato entre Concello y la empresa adjudicataria.

Así como una presunta y "gravísima irregularidad de cambalache administrativo" entre el Concello y la Xunta, en base a que algunas calles son de titularidad autonómica por lo que la colocación de dichas pantallas necesitan su autorización, pero es la administración local la que cobra por su ubicación.

Según lo que expone en su nueva denuncia presentada, el agente entiende que el concello "bajo ningún concepto estaría autorizado para que se le pague ningún canon por parte de la explotación comercial en esas zonas", debido a que no es la titular del suelo que ocupan.