El grupo de Democracia solicitó ayer que por parte de la Diputación se proceda al rescate de la concesión del aparcamiento del hospital, que se encuentra en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), con una de las tarifas más altas y que fue uno de los polos de polémica y denuncia, en base a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el que se plasma la nulidad debido a que "se incurrió en infracciones del ordenamiento jurídico".
El Tribunal de Cuentas centra su análisis sobre los contratos de arrendamiento o cesión formalizados por la Diputación, y en el caso del aparcamiento, igual que en los otros, revela en sus conclusiones "irregularidades", al señalar que "ninguno se acompañó de informe de tasación del inmueble arrendado", así como que en el expediente "no constaba justificación de que el inmueble arrendado fuera el idóneo; y "los contratos fueron adjudicados mediante adjudicación directa sin que concurriera ninguna de las causas previstas en la LPAP que justifican la utilización de este procedimiento".
Para el portavoz Pérez Jácome, durante su comparecencia, en la que estuvo acompañado del concejal y diputado provincial, Armando Ojea, y del edil en el Concello de Ourense, Domingo Castro, señala que "no existe informe de intervención", esto significa que el Tribunal de Cuentas "aprecia causas de nulidad de tales contratos", por lo que se debe proceder al rescate de la concesión y "se deje de sablear a los ourensanos", en alusión a las altas tarifas que tiene.
También incide Jácome en que la Diputación "no fue capaz de hacer alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, sin duda ante la falta de argumentos para refutarlo". Y alerta de que la situación en el caso del aparcamiento del CHUO adjudicado a COPASA en 1998 es "aún peor de lo que se refleja dicho informa, ya que ni siquiera existe contrato escrito de la concesión". Un caso que considera "sangrante" para las arcas públicas y para los ciudadanos, pues la empresa "paga un canon irrisorio de 49.000 euros al año".
Explicaciones
Es por eso que Pérez Jácome anunció que "no vamos a permitir que esta empresa con la connivencia del clan Baltar siga expoliando a los ourensanos, y formalizará una petición inmediata para constituir una comisión de investigación, tanto en la Diputación como en el Concello de Ourense, así como la de un pleno extraordinario sobre está cuestión, para que el presidente del organismo provincial, Manuel Baltar "ofrezca explicaciones por la ocultación del informe del Tribunal de Cuentas.
Además de la revisión de la legalidad de los procedimientos de contratación de ese aparcamiento, incluidos los de adjudicación, ejecución de obras y tarifas. Y advertir que "acudiremos a la Fiscalía, una vez recopilemos todo el material, para que dilucide si como pensamos hay materia de persecución penal" por todo lo que se refleja en el informe del Tribunal de Cuentas y "evitr que iga esta estafa a los ourensanos".
Otras de las "irregularidades" a las que hizo referencia el portavoz de DO es sobre la "cesión ilegal" de a explotación del parking por parte de Copasa a la empresa Georsa, a la que le fue concedida por silencio administrativo una subida de tarifas en 2001. Que se volverían incrementar en 2007, "con la excusa de redondear", señala, aunque los más grave es que en 2009 la empresa solicitó la ampliación de concesión de 48 a 50 años, que le fue concedida alegando que "perdía dinero, a pesar de que ese mismo año se le adjudicó directamente y en manifiesta ilegalidad la construcción de una planta más con 164 plazas, cuya gestión asume sin concurso alguno".
La contraprestación pagada por la empresa por "este regalo de 164 plazas adicionales fue la construcción de una glorieta en Antonio Puga", como recuerda Jácome, y sobre la que advierte que "se adjudicó directamente está obra sin sacarla a concurso". Y, por supuesto, como dice el Tribunal de cuentas, "se infringe la ley al utilizar este procedimiento, y además concertar este contrato sin las correspondientes tasaciones".
Otra de las "irregularidades" que denuncia el portavoz de DO está relacionada con que la empresa que explota el parking "no deposita las cuentas en el Registro Mercantil desde 2012, una clara ilegalidad, ya que evita la imprescindible publicidad sobre la cifra de negocio que obtiene" . Alerta de la "gravedad", ya que se trata de un aparcamiento público, y acusa a la Diputación e "connivencia con la empresa al no hacer nada para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones". Y dejar claro que "no lo dice Pérez Jácome, sino el Tribunal de Cuentas en un informe que pone de manifiesto que nos están estafando a los ourensanos con el consentimiento del organismo provincial".
Una cuestión a la que le restaba ayer importancia el vicepresidente primero de la Diputación, Rosendo Fernández, aunque reconocía desconocer los termino del mencionado informe del Tribunal de Cuentas, por lo que su respuesta final fue la de que "tener más información para poder hacer una valoración".
