El gobierno popular deberá recurrir a una modificación de crédito por una cuantía de 9 millones de euros para poder salvar el plan de inversiones que se aprobó a finales de 2016, contando en ese momento con el apoyo del grupo socialista, por un importe total de 12,8 millones de euros. Así lo anunciaron ayer el portavoz y edil de Infraestructuras, José Araújo, y la concejala de Hacienda, Ana Fernández Morenza, durante una comparecencia que tenía como objetivo justificar el "trabajo realizado", así como dar respuesta a las críticas recibidas sobre la gestión que se llevó a cabo en la ejecución de los proyectos, especialmente por los socialistas.
Así, el mensaje al unísono de Araújo y Morenza fue apelar a que el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, "cumpla su palabra", en el sentido de que apoyen la nueva modificación de crédito, aunque le advierten que "no marcará los tiempos, ya que eso le corresponde al gobierno". Los ediles también quisieron salir al paso de las "referencias negativas" que hacen sobre el plan. Y, aunque quieren optar por la prudencia, el portavoz del gobierno popular dirigió duros reproches a los socialistas por "el circo que están montando", en alusión directa a la petición de informes, como el de la Intervención municipal.
Sobre esa cuestión, Araújo indicó que se había remitido el mencionado informe del interventor al grupo socialista, como habían solicitado, y en el que plasma que el niel de ejecución es del 4,66%, y de los 12,8 millones aprobados para el plan de obras se habrían ejecutado -obra finalizada, con certificación y pago de la misma- entorno a 600.000 euros.
El gobierno discrepa de este informe y por eso la edil de Hacienda quiso matizar que en él no se tienen en cuenta las "importantes bajadas" que se produjeron en las ofertas, y que se encuentran en las arcas municipales y se pueden utilizar, como tampoco las obras licitadas en plazo, algunas de las cuales se están ejecutando. Por ello insiste en que la cifra en obra finalizada y en fase de ejecución se situaría entorno a los 3 millones de euros, un 51%, de ahí la necesidad de volver a presentar una modificación de crédito para disponer de esos 9 millones de euros.
Lo que sorprende a Morenza es que Barquero, "mi antecesor en el cargo de Hacienda en el gobierno socialista", solicitase el informe del interventor, que forma parte de una forma de actuar que tiene como objetivo "ralentizar" todos los procedimientos para que al gobierno "no le de tiempo de ejecutar las obras".
De ahí que la edil de Hacienda anunciase que "de forma urgente" presentarán la nueva modificación de crédito, con un aviso directo al portavoz socialista: "Espero que Barquero cumpla con su palabra", en alusión a lo que dijo en diferentes reuniones: "Que apoyaría todas las modificaciones que fuesen necesarias para ejecutar las obras".
En un intento de reforzar los argumentos que apuntalan la "buena gestión" que se llevó a cabo, el edil de Infraestructuras reconocía que "asumimos el plan de inversiones" para la ejecución de obras propuestas por los colectivos vecinales a través de la federación Limiar y la asociación Miño. Y apostilló que "aunque nos tendieron una trampa, decidimos arriesgarnos", en referencia que la metodología del procedimiento la había marcado el grupo socialista, y que fue asumida por el gobierno popular.
Falta de gestión
La respuesta del grupo socialista fue contundente, en el sentido de acusar al alcalde, Jesús Vázquez, de "ocultar" durante más de 15 días el informe del interventor a la oposición, y ser conocedor "de la falta de gestión, incapacidad e imposibilidad de llevar a cabo estos proyectos desde hace seis meses".
Y de facilitarlo con "nocturnidad y alevosía" un día antes de la celebración del pleno ordinario. El objetivo no es otro que tratar de "ningunear nuestra capacidad de réplica o crítica ante un informe demoledor de cara a sus intereses". Además de asegurar que el informe no hace más que "darnos la razón en las sospechas que teníamos" sobre el nivel de ejecución de los proyectos, y las denuncias que habían realizado sobre "la falsedad" en los datos facilitados por el alcalde y el edil de Infraestructuras.
Entiende que "es de lo más revelador, pues el grado de ejecución a 31 de diciembre de 2017 es de un 4,66% del total de las obras previstas en el plan inicial presentado y aprobado en pleno y que fue respaldado por el PSOE, ante la negativa de prestar su apoyo los otros dos grupos de la oposición. En definitiva, una cuantía "raquítica", toda vez que ni se invirtieron 5 euros de cada 100 que se habían previsto en las actuaciones que se habían aprobado.
