Varios meses ha estado en paradero desconocido el economista y cónsul honorario de Costa de Marfil, Alberto López Rodríguez. Este martes fue arrestado en Venezuela por las autoridades policiales del país, en cumplimiento de la orden internacional de detención tramitada por la Interpol y dictada el pasado 19 de marzo por el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense tras resultar infructuosa su búsqueda en el ámbito nacional reclamada desde octubre.

A Alberto López se le perdió la pista el pasado mes de agosto cuando se vislumbraban acciones penales contra él por presunta malversación de caudales públicos en su cargo de administrador concursal en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño. Un mes antes, en julio, había comparecido ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, y sin esperar a que el ministerio público formulase la correspondiente querella criminal por la supuesta malversación de 400.000 euros que desaparecieron de la cuenta concursal que le había sido asignada, hizo las maletas.

La citada querella se presentó el 16 de octubre de 2017 y adelantaba unos hechos presuntamente delictivos con penas de hasta 12 años de prisión. Ante el posible riesgo de fuga del administrador concursal, el fiscal jefe ya solicitaba entonces una orden de búsqueda y detención, y manifestada su intención de pedir también prisión provisional durante la instrucción.

Nada más tener conocimiento del arresto en el estado de Miranda, quince días después de que se dictase la orden de detención internacional por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, la Fiscalía solicitó la privación de libertad como medida cautelar mientras se tramita la extradición. Ayer mismo, el juez instructor Luis Doval dictó auto de prisión y petición al Ministerio de Justicia para que inicie los trámites de extradición apuntado un posible delito de malversación de caudales públicos que acarrearían penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

Es el Gobierno el que deberá reclamar a la República de Venezuela la entrega a España del economista y empresario, Alberto López. El tratado de extradición firmado entre ambos países recoge que los interlocutores de la negociación son las autoridades políticas y no las judiciales, a diferencia de lo que ocurre entre los países miembros de la Unión Europea, donde los procesos de extradición se tramitan directamente entre las autoridades judiciales, agilizando y acortando los plazos.

Con todo, una vez el cónsul honorario esté en España, la medida de privación de libertad, en caso de ser acordada, debería ser confirmada con un auto de prisión que se dictaría ya en presencia del detenido.

La situación en la que se encuentra Alberto López tras su localización en el área metropolitana de Caracas no está clara, desconociendo si se encuentra ya en prisión, detenido o bajo arresto domiciliario.

Además de esta, el economista tiene otras causas pendientes en juzgados ourensanos y es uno de los investigados en el caso de ayuda a domicilio en el Concello de Ourense en los años del bipartito. Junto a él, están bajo sospecha el exalcalde socialista Francisco Rodríguez, la exedil de Servicios Sociales, Marga Martín, y el que fuera socio de López en la prestación del servicio municipal, José Troncoso.