Diez acusados, indicios de un fraude de por lo menos 350.000 euros, una investigación iniciada en 2010 y siete sesiones programadas para el juicio. La Audiencia Provincial comunicó esta semana a las partes que la vista por la conocida como operación Aleta -la mayor trama de estafas a aseguradoras destapada en la provincia de Ourense- ya tiene fecha. El tribunal ha reservado la semana del 7 al 11 de mayo, más el 14 y 15 de la siguiente, aunque no se descarta un cambio en calendario porque uno de los abogados ha comunicado que uno de los días tiene otro juicio señalado con anterioridad. El presunto cabecilla se enfrenta a 13 años. Los implicados simularon presuntamente siniestros para cobrar indemnizaciones del seguro. Varias compañías están personadas como acusación. El ideólogo, que llegó a confesar tras la detención y estuvo tres meses en prisión preventiva, matizó su versión más adelante y niega buena parte de los hechos por los que va a ser juzgado, según fuentes del caso.
La Guardia Civil de Ourense deshizo una intrincada madeja, siniestro por siniestro, para desarticular una trama que presuntamente operó durante años dando partes fraudulentos de accidentes para cobrar cuantiosas indemnizaciones. Los investigadores del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Judicial, apoyados en el GIAT y otras unidades, destaparon la red. El ministerio público solicita 13 años de prisión para el presunto cabecilla, S. A. G., el encargado de un taller de A Valenzá (Barbadás).
Solo él habría sido el presunto responsable de 36 hechos delictivos, pero la defensa rebatirá. Junto al ideólogo, de 52 años, se sentarán en el banquillo otras nueve personas. El volumen del fraude ha variado a lo largo de la instrucción. Según la responsabilidad civil que pide la Fiscalía, fue de 350.000 euros, pero los investigadores de la Guardia Civil sospecharon una cifra aun mayor: más de 600.000 euros, mediante accidentes nunca producidos, robos falsos e incluso daños autoprovocados con un tractor o una retroexcavadora -según informó al destapar el caso-, así como un incendio deliberado.
De 50 sospechosos a 10
Se juzgan múltiples delitos: estafa en el tipo simple y también en el agravado, receptación, simulación de delitos, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial. Durante las pesquisas de la Policía Judicial, el número de sospechosos creció hasta medio centenar, entre los detenidos e investigados, incluyendo a profesionales y clientes. La relación se redujo tras seis años de instrucción a una decena, aquellos contra los que la Fiscalía apreció indicios más serios.
La investigación comenzó en 2010 y se mantuvo hasta el año siguiente bajo secreto de actuaciones. El caso saltó a la luz hace 7 años, con los registros del taller del principal acusado y las primeras detenciones. S. A.G. pasó tres meses en prisión preventiva y quedó libre a mediados de 2011 tras pagar una fianza de 20.000 euros. En la fase inicial también fueron detenidos su mujer, una secretaria y dos empleados. La instrucción, compleja, recayó en el pequeño juzgado comarcal de A Pobra de Trives.
Como indican fuentes del proceso, la dificultad de este juicio reside en acreditar, uno por uno, las decenas de hechos sospechosos. Accidente por accidente, parte por parte, pericial por pericial. El procedimiento tiene 18 tomos. Los siniestros presuntamente falsos ocurrieron entre 2006 y 2011.
Las peticiones de condena
Junto a S. Á. G. -se enfrenta a 13 años más una multa de 24.900 euros por todos los delitos contemplados en la causa-, van a juicio J. I. M. B. -afronta 2 años y medio por estafa-, N. M. L. -2 por estafa en concurso con falsificación-, C. F. L. -3 años por estafa más una supuesta simulación-, D. M. L. -piden un año y medio por estafa-, M. P. A. -3 años por estafa en concurso con falsificación-, así como M. L. G. G. -5 meses y 29 días de prisión por tentativa de estafa en concurso con simulación de delito-, F. C. M. -2 años por estafa en concurso con falsificación-, S. C. Á. -año y medio por estafa-, además de M. D. S. C., la esposa del presunto ideólogo, que se enfrenta a 1 año y 9 meses por estafa en concurso con falsificación. Los diez acusados podrían ser condenados a penas que totalizan más de 30 años de prisión. Ninguno tiene antecedentes.
El fiscal del caso, Mario Brualla, sostiene en su escrito -registrado ya a finales de 2016- que "los acusados, de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros, dieron a las compañías aseguradoras partes de accidentes de tráfico no reales, aprovechando que S. tenía un taller de compraventa y reparación de vehículos en A Valenzá y también que el acusado F. , aunque en menor medida, tenía un hermano con otro taller".
