Los funcionarios en huelga se encerraron en el edificio judicial de Ourense ayer, tras finalizar una asamblea a mediodía y hasta que la Policía los invitó a abandonar la sede propiedad de la Xunta por orden del responsable de la seguridad y el uso del inmueble: el juez decano, Leonardo Álvarez, molesto por lo que calificó ante los periodistas como una "ocupación ilegal". "Es un edificio destinado únicamente a fines judiciales; no puede utilizarse para manifestaciones ni ninguna actividad ajena. Más cuando el responsable soy yo, no un pagador ni una parte en conflicto con ellos. Las manifestaciones, si acaso, corresponden en el edificio de la Xunta en San Caetano o Ourense", expresó el juez, al que ningún sindicato consultó previamente. El desalojo cordial por parte de la Policía se produjo a las 16.30 horas de la tarde. Un centenar de trabajadores abandonaron el juzgado cantando consignas.

Más allá de visibilizar las reivindicaciones de un colectivo que reclama un incremento salarial de 190 euros al mes -la Xunta ofrece por ahora un incremento de entre 105 y 135 euros-, un mes y medio de huelga ha provocado retrasos, suspensiones y perjuicios a ciudadanos y profesionales. Desde el inicio del paro indefinido el pasado 7 de febrero, han tenido que aplazarse un total de 1.999 juicios y 93 declaraciones. Varias vistas han sido suspendidas ya dos veces y algunas quedan pospuestas para finales de año o inicios de 2019.

"La huelga empieza a ser excesiva y un problema muy serio", asegura el magistrado decano. "El seguimiento es mayoritario y no movemos ni un papel. Llegan escritos que no se unen, no se resuelven recursos, cuando se levante la huelga tendremos que ir poco a poco para levantar el atraso", añade.

Los funcionarios han ideado varias medidas de protesta -antes del encierro, manifestaciones por la ciudad, concentraciones y desayunos solidarios- mientras el apoyo a la huelga en la ciudad se mantiene con uno de los porcentajes más elevados de Galicia, con un seguimiento por encima del 80% según los sindicatos. El encierro de ayer, en el que varios manifestantes comieron de bocadillo en el vestíbulo del juzgado, responde a "la actitud prepotente y dictatorial a la que ha vuelto la Xunta, con una posición pétrea, inmovilista y sin acercamiento. Se cerraron en banda y nos hicieron una oferta como ultimátum", explica José Antonio Sotelo (CSIF), portavoz en Ourense del comité de huelga.

En el toma y daca de las cifras sobre el incremento salarial, "las posturas están muy distanciadas, son abismales. Entendíamos que ayer [por el lunes] la Xunta iba a hacer un acercamiento pero lo que hizo es separar posturas todavía más. Un encierro y una huelga indefinida son de las acciones más graves que se pueden adoptar, pero es que no nos han dejado otra opción", expone el sindicalista.

Manuel Carvajal, responsable de UGT Justicia en Galicia, critica que la Xunta haya esperado a este lunes para trasladar una oferta "que ya pudo proponer el 4 de diciembre. Tal vez no estuviéramos en esta situación". En opinión de este delegado, "después de 45 días de paro, la oferta "es inasumible" pese a las "6 subidas" ofrecidas en la mesa de negociación. Consideran que durante este periodo, la Xunta ha aprovechado los descuentos a los funcionarios en sus nóminas -de más de 300 euros en febrero- para "hacer caja" con la que poder pagar un acuerdo que ponga fin al paro.

"El director xeral valoraba en el 5% de la masa salarial lo que cuesta la última oferta. Pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sin ninguna huelga de por medio, dice que subirá a los funcionarios que dependen del ministerio, del resto de la península, un 5% sin un solo día de huelga. Planteémonos quién aboca a la sociedad a esta huelga", añade Nuria Fornos, de Alternativas-CUT.

Una asamblea decide hoy

Funcionarios de todos los partidos judiciales de la provincia participan hoy en una asamblea para decidir si mantienen la reclamación de una subida de 190 euros.