No era un matrimonio de conveniencia, pero el trámite fue ilegal. Un ourensano se enfrenta a 6 meses de prisión por un delito contra los derechos de los extranjeros. Gestionó una carta de invitación para el novio venezolano de su sobrino, con vigencia de junio a septiembre de 2016. El documento permite la entrada al país pero obliga al retorno en un plazo máximo de 3 meses. Sin embargo, la pareja se casó en España y la Fiscalía sostiene que el fin era burlar la normativa para conseguir una regularización del sudamericano mediante la obtención de la tarjeta de familiar de comunitario.
Según explican fuentes policiales, la carta de invitación tiene un compromiso de retorno. En este caso, el acusado la hizo presuntamente a sabiendas de que el novio de su sobrina no retomaría, sino que ambos se empadronaron a los dos días con fines de matrimonio, "por lo que el invitador incurre en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular". Como no había ánimo de lucro, en su día quedaron libres ya en comisaría.
