El gobierno municipal remitió a la Subdelegación del Gobierno diferente documentación al objeto de evitar que se pueda anular la oferta pública de empleo de 2014, después de recibir el pasado 23 de febrero un requerimiento de la Delegación del Gobierno en ese sentido, para lo cual daba un plazo de un mes, advirtiendo de que de lo contrario procedería a la interposición del correspondiente recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo.

En estos momentos, los servicios de jurídicos de la Delegación del Gobierno están analizando toda la documentación remitida por parte del Concello de Ourense, sobre todo en lo relacionado con diferentes informes, aunque se mantiene el requerimiento de nulidad en el plazo fijado, y que afecta a toda la oferta pública de empleo de 2014, que en su momento fue aprobada por el anterior gobierno socialista a finales de ese mismo año.

Por parte del gobierno popular se discrepa con el criterio del Ejecutivo central, por lo que, además de la documentación, se tenía intención de presentar una alegación contra el requerimiento para la anulación de la oferta pública de empleo dentro del plazo que se había fijado por la Delegación del Gobierno de un mes, que comenzó a contar desde la notificación, el 23 de febrero.

La cuestión de desacuerdo está relacionada con la caducidad de la oferta pública de empleo, al señalar en el requerimiento de la Delegación del Gobierno al Concello que se produjo fuera del "plazo improrrogable de tres años de vigencia de la oferta pública y que no puede ser objeto de ejecución debido a su extinción por consunción temporal".

Y con referencias a varias sentencias, como las del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que llevaron consigo la anulación de varias ofertas de empleo por no ajustarse al plazo establecido para su desarrollo, que es diferente a la convocatoria del inicio del proceso.

Con lo que discrepa el Concello es que esa pretendida anulación solo afectaría al proceso de promoción interna, pero en ningún caso a lo que se refiere al concurso para la cobertura de plazas de Policía Local, que se incluían tanto en la oferta de empleo de 2013 como en la de 2014.

Por parte del gobierno municipal se insiste en que la oferta de empleo público de 2013, que incluyó la cobertura de cinco plazas para el cuerpo mediante oposición libre, y cuyo proceso selectivo se inició el 20 de febrero con un total de 209 aspirantes admitidos, no se vería afectada por ese requerimiento, al igual que las seis plazas en la oferta de 2014.

En vía judicial

Pero lo que ya se encuentra en sede judicial, que ya tiene fecha es la vista en el Juzgado Contenciso-Administrativo relacionada con la demanda interpuesta por el sindicato policial SPPME sobre la anulación de la Oferta Pública de Empleo de 2013, y será unos días después, el 13 de marzo, de la fecha fijada por el concello para el inicio del proceso para la cobertura de plazas de Policía Local.

La petición de la demanda se centra en la revisión de oficio del proceso y que se dejen sin efecto los actos impugnados, relacionados con las bases para la cobertura de seis plazas de Policía Local, cinco por oposición libre y una por sistema de movilidad.

Y presentan, entre otra documentación, el informe de fiscalización emitido por la Intervención con reparos de legalidad sobre el proceso, pero que a juicio del jefe de servicio de Recursos Humanos "no es suspensivo", por lo que "su disconformidad no afecta al acuerdo adoptado". Una cuestión que deberá sustanciar el magistrado, una vez se lleven a cabo la celebración de la vista, en la que se pide por parte demandante la pruebas testifical con la declaración del propio interventor municipal.