Por su parte, conocido el auto que pone fin a las diligencias previas, la denunciante Áurea Soto formulará escrito de acusación contra ambos investigados, Manuel Cabezas y Ricardo Campo Labrador. No recurrirá el auto a pesar de que la jueza acordó librar por prescripción a otro imputado, Julio Díaz Salcedo, que también tuvo competencias en materia de Urbanismo en el período analizado, concretamente entre 1997 y 1999. El auto es contundente y pone el foco en el informe del Consello de Contas aportado por la propia Soto en su denuncia. A la juez le llama la atención que a 15 proyectos no se les exigiese el 10%, mientras sí se pedía "en otros casos".
