La controversia suscitada entorno al espacio público del jardín japonés, entre la Subdelegación del Gobierno y el hotel San Martín, donde se encuentra un local de hostelería en régimen de concesión, y que en varias ocasiones fue objeto de debates plenarios, se podría haber sustanciado, ya que la ordenanza municipal de veladores vigente, que data de 1998, ampara la anulación de la concesión que se había otorgado en su momento.
Así, según se plasma en el expediente al que tuvo acceso FARO, en el artículo 4, apartado F2, de la ordenanza en vigor se establece: " Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia". Lo que también afecta a todo el espacio público ocupado con mesas y sillas, la famosa ordenanza de veladores, que cuenta con varios informes de la Policía Local, en los que se pone de manifiesto la situación de "ilegalidad" en la que se encuentra, sin que se procediese a su retirada.
Una situación, la de "subarrendamiento" que para el grupo de Democracia Ourensana "está más que claro", ya que inicialmente la concesión para explotación se hizo a una empresa concreta, mientras que a día de hoy lo hace otra, con la particularidad que "uno de los socios está relacionado directamente con el partido Popular, como es el caso de la mujer del presidente de la Diputación".
Dicho lo cual, Jácome asegura que se trata de una "documento relevante", que pone de manifiesto que "en los últimos años se produjo una clara connivencia entre el gobierno y la empresa", ya que e pudo haber rescatado la concesión, por la que abonan "la ínfima cantidad anual de 0,60 céntimos de euro al año".
Es por eso que por parte de Democracia ourensana se entiende que "estaba más que justificada" las propuestas que hicieron en el pasado pleno, y que contaron con el apoyo e los otros dos grupos de la oposición, PSOE y Ourense en Común, mientras que el grupo popular votó en contra.
Así, se pedía al alcalde, Jesús Vázquez, que iniciase de forma inmediata los trámites para recuperar a la mayor brevedad posible la posesión el local conocido como La Central, y en caso de negativa u obstrucción, se procediese a la ejecución forzosa, esgrimiendo par ello el informe de la Asesoría Jurídica del concello. Además e la retirada de todos los veladores que "invaden" el espacio público en los aledaños de la cafetería. Y que se inicien los tramites para una nueva licitación sobre el mencionado local.
Vía judicial
Un acuerdo que queda a la decisión del gobierno popular, ya que se trata de un acuerdo, vía moción, que no es vinculante, por lo que puede suceder como otros acuerdos adoptados por el pleno, con la mayoría necearía, que al final no se ejecutan. Una situación sobre la que alertó Pérez Jácome, que no descartó en su intervención acudir al juzgado. Una acción a la que lo llegó a animar la concejal de Comercio, Flora Moure, "si considera que se está cometiendo una irregularidad".
Pero después de revisar el expediente sobre esa concesión, y los términos en que se produjo la concesión, así como oras cuestiones relacionadas con la ordenanza Municipal de Veladores, que para Jácome es "de obligado cumplimiento", la decisión es analizar la presentación e una denuncia en el juzgado.
Así, entiende que se habría cometido un presunto delito de prevaricación por omisión por parte del gobierno, que siendo conocedor de lo que establece una normativa, en este caso la ordenanza de veladores, no solo no actuó, "sino que permitió que una empresa a la que no le fue concedida la explotación lo siga haciendo a día de hoy".
