A Manuela -nombre inventado- le suena bien cobrar 63 euros al día por formar parte de un jurado popular, pero le disuade la posibilidad de verse incomunicada con el resto de integrantes si la deliberación se prolonga. El trámite para elegir a los aspirantes finales a un tribunal popular se prolonga semanas. Entre el 18 y 25 de junio se resolverá así el crimen del holandés de Santoalla, Martin Verfondern, y varios de los 36 candidatos preseleccionados han presentado excusa. Es necesario que la lista no baje de 20 para no repetir el sorteo. Esa veintena de posibles jurados acude al primer acto de la vista y, justo antes del comienzo, acusaciones y defensa se reservan sus recusaciones hasta que el tribunal popular quede formado por 9 titulares y 2 suplentes. Tener más de 65 años, una enfermedad documentada o dependientes al cargo eximen de la participación, pero no -en principio- razones como la de Manuela. Es posible que el proceso de notificaciones y alegaciones que lleva a cabo estos días la sección penal de la Audiencia Provincial de Ourense no sea el último de 2018. Si da tiempo este año podría celebrar otros dos casos con jurado por crímenes.

Al juicio del holandés, que tiene prioridad por tratarse de una causa con preso (las diligencias están garantizadas incluso con la huelga de funcionarios), debería seguirle dado el avance del procedimiento el asesinato de Alexandru Walter Boghio en el conocido como crimen de A Esmorga, con dos acusados. Además, el fiscal quiere que un tribunal popular se pronuncie sobre el homicidio de Virginia Ferradás, muerta a manos de su marido a finales de enero de 2017. El acusado sufre una demencia.

Juan Carlos R. G., presunto autor del disparo que acabó con la vida del holandés Martin Verfondern en enero de 2010, se enfrenta a 17 años de prisión. Su hermano Julio, que supuestamente le ayudó a esconder el cadáver -el crimen permaneció 4 años y medio oculto, hasta que el coche se descubrió por azar- puede salir impune si el jurado resuelve que lo encubrió, ya que los familiares directos están exentos. En cambio, si se acreditara que el asesinato fue pactado entre los dos hermanos y que los dos, por lo tanto, son coautores, el fiscal propondrá que Julio sea condenado también a 18 años de cárcel.

Por el asesinato de Alexandru Walter, en diciembre de 2014, en el caso A Esmorga serán juzgados por un tribunal popular Óscar E.L. y Eduardo L.F. La fiscal pide 18 años de prisión por arrojar presuntamente al joven rumano vivo al río en Viñao, en O Carballiño, tras una brutal paliza que comenzó en la bodega de uno de ellos, en Boborás, tras una noche de juerga que degeneró.

El caso más retrasado de los tres es el de José Alén, que mató presuntamente a su mujer, Virginia Ferradás, a finales de enero de 2017, en O Carballiño. Sufre una demencia. La Audiencia ratificó que la causa debe seguir la ley del jurado. Con una nueva evaluación encargada a los forenses pendiente de notificar, queda por resolver si habrá juicio para que el tribunal popular decida si cabe una eximente e ingreso en un centro -como piden Fiscalía y familia-, o si se archiva antes.