Cuando arreciaban las críticas y las querellas de la oposición contra miembros del anterior gobierno del PSdeG en Ourense -sobre todo, contra Áurea Soto-, la exedil de Urbanismo contraatacó con una denuncia a título personal que sacó del cajón una compra del PP, en 2006, presuntamente sin expediente, crédito reservado ni licitación, al comercio del líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, que por aquel entonces aún no era concejal. Aquella denuncia registrada en 2014 lleva en mayo al banquillo a Aurelio Gómez Villar, acusado de prevaricación. El actual asesor de Baltar en la Diputación era en 2006 el edil de Comercio que propuso a la junta de gobierno la adquisición de 295 altavoces para sonorizar varias calles del centro. Con la única acusación de Áurea Soto -la Fiscalía pide el archivo desde el inicio-, el exconcejal popular se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación para todo empleo o cargo público, incluidos "cargos discrecionales que se sustenten en la decisión de un político electo", lo que afectaría a su ejercicio de asesor de cultura. El alcalde en aquel momento, Manuel Cabezas (PP), el líder de DO, Gonzalo Jácome, y la propia Áurea Soto declararán en calidad de testigos.
La exconcejala está sola como acusación en la causa. La Fiscalía no ve indicios de delito: "Los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, por atípicos", expresó el ministerio público en uno de sus tres informes de la fase de instrucción, instando a acudir si acaso a la vía contenciosa. La defensa niega irregularidades y asegura que sí existió un expediente para llevar a cabo la contratación. Luis Doval, el juez que asumió la investigación tras dar el relevo al inicial, Antonio Piña, llegó a dictar el archivo al no ver "arbitrariedad e ilegalidad palmarias y conscientes", pero la Audiencia ordenó reabrir y seguir. El 22 de mayo, el juzgado del Penal 2 celebra la vista desde las 10 horas.
La acusación de Áurea Soto
La discutida compra se aprobó en la junta de gobierno local del 26 de octubre de 2016. Según la acusación, se hizo fuera del orden del día y previa declaración de urgencia. El importe para la sonorización de varias calles de la zona englobada dentro del "Centro Comercial Aberto" fue de 61.691,82 euros.
"La aprobación de la indicada factura se llevó a cabo de modo absolutamente contrario a la legalidad, inexistiendo por completo procedimiento administrativo que ampare la adjudicación del contrato de suministro objeto de dicha factura en favor de la mercantil Jolper Música S.L., e incluso inexistiendo la propia factura que se acordaba aprobar, puesto que la misma resulta ser de fecha posterior, 31.10.2006, y tuvo entrada en el Concello de Ourense el 14 de diciembre de ese año", explica la abogada de Áurea Soto.
Además, de acuerdo a la redacción entonces vidente de la Ley de las Administraciones Públicas, la adjudicación de un suministro por ese importe debió realizarse mediante un concurso, al haberse rebasado la cuantía límite (12.020, 24 euros) para su consideración como contrato menor, tal y como expuso el interventor -entre otras irregularidades- en el informe de fiscalización del ejercicio 2006.
En su calificación de un delito de prevaricación, la acusación popular que ejerce Áurea Soto añade que "además de no existir procedimiento de adjudicación del suministro facturado, no existía a la fecha de aprobación de la factura por la Junta de Gobierno Local crédito presupuestario ni autorización de gasto que amparase el reconocimiento de aquella obligación de pago". Según esta versión, el expediente de generación de créditos en el que se recoge la aplicación de fondos (con origen en una subvención de la Xunta) para la sonorización de las calles, se incoó mediante propuesta de la concejala delegada de Hacienda el 26 de diciembre, siendo posteriores a dicha fecha (días 28 y 29) las anotaciones contables de autorización y compromiso de gasto, reconocimiento de obligación y orden de pago. Asimismo, a la fecha de aprobación de la factura no se habían ejecutado presuntamente los conceptos de "sonorización de las calles del Centro Comercial Aberto de Ourense", que incluían el suministro de altavoces y su colocación, trabajos que no llegaron a realizarse con posterioridad al abono, quedando el material almacenado en dependencias municipales.
Según la acusación, la decisión sobre la compra a Jolper fue adoptada por Aurelio Gómez Villar, "decisor de la forma en que se efectuó su tramitación, inexistiendo resolución administrativa de adjudicación adoptada en legal forma, y remitiendo la factura y la propuesta para su aprobación por la Junta de Gobierno, cuyos demás miembros resultaban ajenos a su defectuosa tramitación".
Los argumentos de la defensa
El abogado de Aurelio Gómez Villar, Javier Calvo, argumenta que se siguió el trámite legal. "Existió expediente administrativo de determinación de los trabajos a realizar, de contratación administrativa por procedimiento negociado de invitaciones a empresas capacitadas, y de pago de factura". Cree que la acusación confunde un contrato de suministro con uno de obra, lo que altera el límite de cuantía sin recurrir a concurso público: "El procedimiento seguido no fue el de contrato menor, sino el negociado previsto para contratos de obras, que incluye las "instalaciones varias" que no superen, sin incluir el IVA, la cantidad de 60.000 euros". La parte subraya que "el objeto del contrato no era un mero suministro, sino una obra, con la instalación de los altavoces y su sistema de control, requiriendo actuaciones de albañilería sobre inmuebles y el propio viario (...) con el correspondiente cableado, incluso subterráneo en algunos lugares, para la sonorización de calles".
Antes de la compra discutida, en abril de 2006, la junta de gobierno local aprobó la propuesta de sonorización de las calles comerciales y acordó solicitar una subvención a la Consellería de Innovación e Industria, acogiéndose a una convocatoria "para actuacións de vertebración do comercio urbano". La Xunta dio luz verde a la idea del Centro Comercial Aberto y concedió una subvención en 2 anualidades. Debía justificarse la inversión de la primera fase antes del 31 de octubre de 2006 por la cantidad de 61.691,86, quedando para el 2007 otra de 26.439,37 euros.
El acusado y una auxiliar de su concejalía de Turismo y Comercio "procedieron a buscar empresas de las 4 provincias gallegas para pedir presupuesto para dicha obra, para lo cual hicieron un modelo de invitación por fax, que remitieron desde el fax del Concello a las empresas que aparecían anunciadas como capacitadas para dichos trabajos. La hoja de fax enviado y el acuse de la máquina de fax se incorporaron al expediente que había para dicha obra". Según la defensa, "se recibieron contestaciones de algunas de esas empresas, otras manifestaron que no les interesaba y otras no llegaron a remitir contestación".
La defensa afirma que los presupuestos recibidos se incorporaron al expediente y se seleccionó al más económico, resultando ser el de Jolper. La factura de 53.182,60 euros más IVA se presentó a la Xunta el 31 de octubre de 2006, añade. Niega que se cometiera prevaricación pero, en el caso de una condena, esgrime una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde los hechos enjuiciados, "cuasi prescripción".
