Los 204 aspirantes a 4 plazas de la Policía Local de Ourense admitidos al primer examen no deben preocuparse por más que obtener la mejor calificación que puedan en la prueba, que se celebra el 5 de marzo. El requerimiento al Concello de Ourense por parte de la Delegación del Gobierno, en el que pide la anulación en un plazo máximo de un mes de un decreto de personal, no afecta a los procesos para aumentar la plantilla en el cuerpo de seguridad local, asegura la concejala de Recursos Humanos, Flora Moure (PP).

Las dudas de la administración central, plasmadas en un oficio recibido a las 9 de la mañana del viernes en el Concello y que firma el delegado del Gobierno en Galicia, el ourensano Santiago Villanueva, se refieren al decreto de 18 de enero de este año en el que -explica la edil- solo se regula el procedimiento para una serie de plazas de promoción interna en otros departamentos municipales: una de capataz electricista, dos de capataz de obras, una de jardinero, otra de oficial jardinero, una de oficial de mantenimiento de edificios, dos de oficial electricista, dos de oficial jardinero, así como otra de técnico de mantenimiento y conservación.

El Ayuntamiento niega además que la Delegación del Gobierno exija la anulación de toda la oferta pública del año 2014, en la que convocaron las 4 plazas por oposición libre a examen el 5 de marzo. Se limita específicamente a una resolución de la concejalía de Recursos Humanos, de 18 de enero, que aprobó las bases específicas y convocatoria "que regulan las pruebas selectivas de diverso personal", una definición genérica "que habrá que aclarar a la Delegación" porque, según Flora Moure, solo se refiere a un procedimiento de promoción interna (ascensos de personal propio dentro del Ayuntamiento).

Para tranquilizar a los aspirantes que están preparando la oposición a la Policía Local, el ejecutivo de Ourense deja claro que el procedimiento relativo a los agentes fue convocado a tiempo, antes de que venciera el plazo máximo de 3 años, un límite a partir del que los procesos pueden caducar. "La oferta de empleo público de 2014 se aprobó en diciembre de ese mismo año. El decreto con las bases y la convocatoria se dictó en diciembre de 2016 y fue publicado en enero de 2017, por lo que en todo caso está muy alejado del plazo máximo de ejecución de 3 años", explica la responsable de personal.

El oficio de la Delegación del Gobierno, basado en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y en las indicaciones jurídicas de la Abogacía del Estado, requiere al Concello de Ourense -del mismo color político- para que en el plazo máximo de un mes anule el mencionado decreto de personal del 18 de enero y dé cuenta de la decisión a la administración central a través de la Subdelegación del Gobierno de Ourense. El delegado en Galicia, Santiago Villanueva, recuerda al Ayuntamiento de la ciudad de As Burgas que si no atiende el requerimiento se reservarán la posibilidad de acudir a la vía judicial para impugnar el acuerdo del 18 de enero en ámbito de lo Contencioso-Administrativo.

El Concello discute el criterio del Gobierno central. La concejala de Recursos Humanos dijo ayer a este periódico que se valorará con un jurídico una alegación contra el requerimiento, dentro del plazo existente de un mes.

En la primera revisión del oficio, la conclusión es que no habría por qué anular la resolución de la concejalía de personal de fecha 18 de enero al referirse a una promoción interna. "El decreto no regula ni un solo puesto por oposición. A la vista del oficio ayer -por el viernes- pregunté y me manifestaron que la promoción interna no debe incluirse en los plazos de ejecución de un máximo de 3 años que se marcan para el acceso al empleo público. Existe jurisprudencia que así lo determina, e incluso hay una importante discrepancia sobre si la promoción interna tendría que formar parte de la oferta de empleo", sostiene Moure.

A juicio la oferta de 5 plazas

Las oposiciones en marcha a la Policía Local de Ourense están a salvo del requerimiento de anulación del Gobierno central que llegó el viernes, pero hay otro frente abierto. En el juzgado de lo Contencioso se dirime una demanda del principal sindicato policial, el SPPME, contra la oferta de empleo público de 2013, que incluyó la cobertura de 5 plazas para el cuerpo mediante oposición libre, y cuyo proceso selectivo se inició el 20 de febrero con un total de 209 aspirantes admitidos.

La vista está señalada para el 13 de marzo y la central ha pedido que testifique el interventor del Ayuntamiento por una nota de reparo que dictó en diciembre de 2016. En la junta de gobierno local del jueves se comunicó el caso para que el Concello se persone y defienda sus intereses. Hasta la fecha, el magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar que afecte o paralice las oposiciones.

Entre las ofertas de empleo público pendientes de 2013 y 2014, el Concello quiere ampliar este año la plantilla del cuerpo con 11 agentes más -a las 9 plazas por oposición se suman 2 por movilidad- para reducir el déficit de agentes. La Policía Local tiene 110 efectivos, de los que 98 son de la escala básica. Lejos de los 172 efectivos que había en el cuerpo municipal en el año 1984, e incluso de los 153 de 2008, y por debajo de la tasa que recomienda la UE de 1,8 municipales por cada 1.000 habitantes