La Delegación del Gobierno hizo llegar ayer un requerimiento de anulación al Concello de Ourense relacionado con la oferta pública de empleo de 2014, y en concreto al decreto de la Concejalía de Recursos Humanos y Personal, de 18 de enero, por el que se aprobaron las bases específicas y convocatoria que regirían las pruebas selectivas de diverso personal. Y deja claro que tal requerimiento se realiza, con carácter previo, en su caso, al recurso que se presentaría en el Juzgado Contencioso-administrativo.
Así, en el escrito remitido al Concello con la firma del delegado el Gobierno, Santiago Villanueva, y al que tuvo acceso FARO, se señala que con las indicaciones de los Servicios Jurídicos del Estado "se requiere al Ayuntamiento de Ourense a fin de que en el plazo máximo de un mes anule el Decreto de la Concejalía de RR HH, de fecha 18 de enero, aprobando las bases y convocatoria de las pruebas... De esa anulación se debe dar cuenta a esta Delegación del Gobierno, a través de la Subdelegación del Gobierno de Ourense". Y recordar que, según el artículo 65.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, "de no ser atendido este requerimiento cabría la impugnación del mencionado acuerdo ante Jurisdicción Contenciosa Administrativa".
Recurso
De esa forma admite el escrito presentado por el sindicato policial SPPME, y ratifica los argumentos de petición que realizaron de que se decrete de inmediato la caducidad de la oferta pública de 2014, así como la de 2013, que puso en marcha esta misma semana el gobierno municipal. Sobre esta cuestión, se advertía en el escrito remitido en su momento a la Subdelegación del Gobierno "que de continuar con el desarrollo de los procesos selectivos se podrían producir daños de imposible reparación".
Sobre esta cuestión, el gobierno municipal anunció el pasado lunes, 20 de febrero, que en relación a la oferta pública de empleo de 2014 el primer examen para la cobertura de cuatro plazas de policía local por oposición libre será el próximo 5 de marzo, y al que está previsto que concurran un total de 204 aspirantes admitidos, después de la puesta en marcha del proceso selectivo, y que ahora, por parte de la Delegación del Gobierno, se requiere su anulación por entender que se produjo su caducidad, al cumplir los tres años que establece la normativa vigente.
En esa oferta pública de empleo de 2014, aprobada por el mencionado decreto de la Concejalía de Recursos Humanos, se incluyen otras 10 plazas más, en este caso de promoción interna: 1 de capataz electricista; 2 de capataz de obras, 1 de jardinero; 1 de oficial jardinero; 1 de oficial de mantenimiento de edificios; 2 de oficial electricista, 2 de oficial jardinero, y 1 de técnico de mantenimiento y conservación.
Una cuestión, la de la caducidad, que apuntala en su escrito de requerimiento que se hace por parte de la Delegación del Gobierno al Concello en el sentido de que se produjo fuera del "plazo improrrogable de tres años de vigencia de la oferta pública y que no puede ser objeto de ejecución debido a su extinción por "consunción temporal".
Y con referencias a varias sentencias, como las del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en las que se plasma el plazo de tres años para la ejecución de los procesos selectivos de las ofertas públicas, en este caso las del Concello tanto la de 2013 como las de 2014 que se están desarrollando en estos momentos. Además de advertir la legitimidad de entender en aquellos escritos presentados en la Subdelegación del Gobierno, como el que formalizó el SPPME, y ejecutar las facultades para la impugnación de esos acuerdos, como es el caso.
Una referencia directa a lo que sucedió con las os ofertas públicas de empleo que en su momento aprobó el Concello, en 2013 y 2014, y determinar si existió esa caducidad, como planteaba el sindicato policial, después de que por parte del gobierno municipal se desestimasen los recursos que presentaron en los que solicitaban la caducidad de las mismas.
Y si por parte de la Delegación del Gobierno existe un pronunciamiento claro, como es la de requerir la nulidad del proceso de la oferta pública de empleo de 2014, sobre la de 2013, que también es objeto de recurso por el SPPME, planean serias dudas que se resolverán en una vista que se celebrará en el Juzgado Contencioso-administrativo el próximo mes de marzo, días antes de que el gobierno municipal tenga previsto realizar la primer pruebas para cuatro plazas de policial local.
Un problema procedimental, en concreto la comunicación por parte del Concello sobre la aprobación de las bases específicas y convocatorias de la oferta pública de empleo de 2013, impide un personamiento, debido a que se había cumplido el plazo de 15 días hábiles y de dos meses para poder formular el mismo requerimiento, aunque no se descarta que se pueda resolver en la vista fijada por el magistrado del Contencioso-administrativo.
