La decisión fue seguir adelante, para lo cual el Concello rechazó, con un informe emitido por el jefe de servicio de Recursos Humanos y Personal, los recursos presentados para la suspensión temporal, y en la tarde de ayer se iniciaron las pruebas de la oferta pública de empleo de 2013 para la cobertura de cinco plazas de la Policía Local por oposición libre. Un total de 209 aspirantes admitidos estaban convocados a este primer examen.
En lo que se refiere a la pferta pública de empleo de 2014, el primer examen para la cobertura de otras cuatro plazas por oposición libre se fijó para el próximo 5 de marzo; está previsto que concurran un total de 204 aspirantes admitidos. Además, en cada uno de los procesos, se dota una plaza más por movilidad, con lo que el gobierno municipal anuncia que serán 11 los efectivos más con que contará la plantilla de la Policía Local. Y revelan que actualmente consta de 110 efectivos, de los que 98 son de categoría básica de policía.
Cabe destacar que uno de los "objetivos primordiales" del gobierno municipal es el de "reforzar la plantilla de la Policía Local", motivo por el que "se trabajó intensamente para conseguir poner en marcha estas convocatorias, pendientes desde los años 2013 y 2014, con el fin de dotar de más agentes".
Caducidad
Pero aunque el Concello rechazó los recursos presentados, tanto por el sindicato policial SPPME, como por aspirantes admitidos, el proceso continúa al ser puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno, que deberá ejecutar las facultades que tiene en relación a la posible impugnación de esos acuerdos, y que afecta a las ofertas públicas de empleo y su posible caducidad.
Un pronunciamiento que estará en función de lo que se plasma en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), toda vez que el Estado tiene competencias en esta materia. De ahí que se deberá pronunciar sobre un presunto caso de ilegalidad, como así se señala en los recursos presentados en el Ayuntamiento.
De confirmarse los argumentos que esgrimen en sus escritos los recurrentes, y que se plasman en escrito presentados ante la Subdelegación del Gobierno, se analizará si se produjo vulneración de normas dictadas por el Estado, y que son de obligado cumplimiento, y que incluye a las comunidades Autónomas, diputaciones, así como a los concellos, como sucede en este caso.
