Los problemas derivados con el gas radón en diferentes instalaciones municipales, incluida la del propio concello, además de provocar la incertidumbre entre los trabajadores públicos, también llevó consigo una alarma que por parte del gobierno popular se intenta rebajar, mientras las dudas permanecen. Una situación que llevó a que el delegado de prevención de riesgos laborales, en representación de la CIG, y a su vez presidente de la Junta de Personal, Daniel Salgado, solicitase la implantación de un plan de mediciones, medidas preventivas y todas las medidas correctoras que se han propuesto, junto con la inclusión en los próximos presupuestos de una partida especifica.
Unas peticiones que para Salgado están más que justificadas, sobre todo después de que se tuviese conocimiento del estudio de mediciones de gas radón realizadas por el departamento de Física de la Universidad de Santiago, y que afectaba esencialmente a los bajos del concello, las dependencias del área de Servicios Sociales en la antigua Cárcel da Corona, el Hogar del Transeúnte, dependencias que se encuentran en el antiguo edificio de la Policía Local en la Plaza de San Martiño, y en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).
Las mediciones se realizaron a través de un contrato menor, y de esa forma evitar tener que ir a otro procedimiento administrativo, por una cuantía económica de 20.000 euros. Según los datos a los que tuvo acceso Salgado, después de pedir el acceso al expediente, cada una de las mediciones realizadas en esos cinco edificio supondría un coste de 4.000 euros cada una.
Propuestas
Además de detectarse que en algunos espacios de esos edificios los niveles de gas radón superaban los permitidos, y en algunos casos concretos se llegaban a triplicar, considera que esas mediciones se deben realizar de forma periódica, y para eso "es necesario contar con una partida económica en los presupuestos" y, sobre todo, poner en marcha las propuestas de actuación que se plasman en el estudio de mediciones.
Para el delegado de riesgos laborales de la CIG la prioridad es tomar medidas que lleven a corregir la situación que se detectó, y alude a esa reforma integran en algunas zonas de los edificios. Por entender que eso permitirá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores municipales, a la vez que rebajar el nivel de alarma que se generó, con la consiguiente desconfianza de los funcionarios que tienen que desarrollar su actividad en esos edificios.
En lo que también incide Daniel Salgado es en la obligación que tiene la administración, en este caso el concello, de facilitar toda la información a los miembros del comité de riesgos laborales .Es por lo que insiste en que la situación debe aclararse con los datos de que se dispongan en la totalidad de las instalaciones municipales en las que hay trabajadores, y no únicamente en los puntos concretos en los que hasta ahora se han llevado a cabo las mediciones. Por entender que de esa forma se frenará cualquier tipo de especulación que genera incertidumbre en los trabajadores.
