Pese a que en partidos judiciales como O Barco se celebraron vistas con normalidad, Ourense fue la provincia gallega con una mayor participación ayer en la huelga indefinida de los funcionarios de justicia. Según la Xunta, secundaron la iniciativa el 49,27 % de los trabajadores. En la ciudad, de acuerdo a los sindicatos, el paro fue respaldado por el 94,4 % de los 191 empleados públicos del sector judicial. Con cada jornada sin fichar pierden un mínimo de 60 euros. "Con lo que nos han quitado estos años podríamos estar más de 3 meses de huelga", ilustran desde el comité de huelga.

Delegados y decenas de funcionarios participaron en una concentración frente al edificio judicial que antecedió a una escenificación en el Registro Civil del posible colapso de la oficina cuando finalice la huelga. Acuden al servicio una media de 125 personas al día, pero el paro limita los trámites a licencias de enterramiento, asuntos urgentes y solicitudes de inscripción de bebés, sin que se entregue el libro de familia. Solo hay un funcionario para atender los servicios mínimos y por las tardes el Registro ya ni abre. Quedan paralizadas fes de vida y certificados, salvo que se acredite un perjuicio para el ciudadano en caso de que tenga que esperar.

En huelga se paralizan ejecuciones, poderes, desahucios y está cerrada la oficina de atención al ciudadano, que es un lugar de recepción de quejas y un punto de entrada para atender a las víctimas. Además se acentúan los retrasos para resolver casos por la suspensión obligada de juicios y actos programados, que no se confirman hasta la propia mañana, obligando a acudir a procuradores, abogados, peritos y testigos. Según datos del comité de huelga, ayer se suspendieron 69 juicios: 22 en el Social 2, 12 en el Social 4, 3 en el Social 3, 1 en el Contencioso 1, 11 en Instrucción 2, 4 en Instancia 1, 3 en Instancia 3, 2 en Instancia 6 (Familia), 7 en Instancia 2, 4 en Instancia 5 (también una videoconferencia), y 1 en el Penal 2. Además, en Instrucción 1 hubo que aplazar 3 declaraciones, una rueda de reconocimiento fotográfica además de una exploración de menores como prueba preconstituida para un juicio.