El alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, asegura que recibió con "tranquilidad" la petición de Fiscalía para reactivar la causa abierta contra él por la presunta regularización ilegal de una vivienda de su propiedad, tras conocerse los resultados de una pericial caligráfica que le apunta como el autor de la escritura y firma del certificado para legalizar la obra. Está "satisfecho" de "que Fiscalía reabra el caso si tiene dudas", ya que él es la persona "más interesada en que se llegue al fondo del asunto", que califica como "un linchamiento político" con la finalidad de "apartarle" de la alcaldía.
Tras conocerse el resultado de la prueba caligráfica la Fiscalía solicitó que se dicte un auto de procedimiento abreviado en la causa contra Caamaño por presunta falsedad documental en relación a un certificado emitido en 2010 que señala que la vivienda estaba terminada en 1999 (a pesar de que las obras se iniciaron en 2008) y que, supuestamente, habría sido emitido y certificado por el alcalde.
La jueza encargada del caso había decretado el sobreseimiento provisional de la causa el 15 de enero, pero ahora la Fiscalía ha presentado un recurso y demanda que se deje sin efecto el auto de archivo provisional después de conocer que la pericial caligráfica le señala como autor de la escritura y firma.
Caamaño reitera que "no le consta" haber "visto ni firmado" dicho documento y que se "enteró" de la existencia de que era necesario un certificado para dar de alta la vivienda ante Catastro "a raíz de este caso". Asegura que su firma "es muy sencilla" de imitar, por lo que no descarta que alguien la pudiera haber copiado "sin mala fe" y por considerar que se trataba de "unos papeles de trámite que no iban a ningún lado". Insiste en que "han dicho que la letra es mía, pero no es cierto. En caso de que lo fuera no me importaría reconocerlo, pero no es así", y confía en que el caso "se clarifique lo antes posible", aunque lamenta que "el daño (político) está hecho". Destaca la existencia de comentarios en redes sociales que apuntan a que "no le va a llegar el dinero para pleitos" o que "se va a quedar sin patrimonio".
Y por su parte, los representantes legales de MoveBoborás y de los tres exconcejales (del PSOE y BNG) personados en el caso han confirmado que respaldarán la petición de Fiscalía para que se reactive la causa. De hecho el abogado de MoveBoborás presentó ayer una queja ante el juzgado de O Carballiño en protesta "por no haber dado traslado en tiempo y forma del informe pericial caligráfico", cuyo desconocimiento por parte de Fiscalía y las acusaciones particulares supuso en el archivo provisional de la causa. Considera que la ocultación de ese informe supuso una "manifiesta indefensión" de sus clientes y alerta sobre la posibilidad de que el sobreseimiento se produjese "teniendo conocimiento la jueza del resultado inculpatorio de la pericial".
Desde MoveBoborás se insiste en la necesidad de "pedir responsabilidades en los juzgados" debido a que "no es el único error que se ha producido durante la causa", según su portavoz, Eva Pardo.
