En agosto de 2014, antes de marcharse de vacaciones, el responsable del armero hizo un recuento y descubrió que faltaban tres pistolas de particulares -policías jubilados- de entre las custodiadas en el búnker de la comisaría de Ourense. Aquel día empezó todo. La desaparición de dos revólveres y una 9 milímetros -en febrero de 2015, el funcionario tuvo constancia de que no estaban otras 3 armas reglamentarias del cuerpo- dio lugar a la primera intervención de la UDEV, que remitió un atestado al juzgado que se archivaría provisionalmente por falta de autor conocido. Al mismo tiempo, en la sede policial ourensana se llevó a cabo una investigación interna -información reservada- cuyo instructor fue el entonces delegado de formación de la comisaría y jefe de prensa, Bernardo D. L., investigado junto a su gemelo Roi por el robo de las armas, los anónimos y el posible homicidio de su compañero Celso B. A., en abril de 2016. Son siete presuntos delitos los que la juez Eva Armesto les atribuye, inicialmente, por un supuesto plan "conjunto y planificado" que se fue reproduciendo en episodios sucesivos durante la peor crisis de la Policía en Ourense.
Bernardo -jubilado desde hace un año, con una incapacitación permanente por problemas psicológicos- era el encargado de tramitar todos los expedientes de información reservada y averiguación de causa en la sede. Tras la primera sustracción de las armas, un caso que la juez atribuye a los gemelos, ejerció de instructor y tomó declaración al armero y al secretario general, quienes ahora se ven imputados en la causa paralela por el robo de pistolas que mantiene abierta el titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez. Armesto pidió dos veces -cuando todavía actuaba en secreto- que su compañero se inhibiera a su favor. Álvarez es el juez al que llegó el primer atestado de la UDEV y que reactivó las diligencias inicialmente archivadas en 2014, una vez que Asuntos Internos se fio de los anónimos y llegó hasta la operación Zamburiña, en la que 4 agentes antidroga están investigados por un supuesto trato de favor -que niegan- a determinados confidentesZamburiña.
El ahora investigado Bernardo D. L. recogió en la información reservada la declaración del policía responsable del armero, E. A. V., y del secretario general, J. M. S.R., que el próximo 5 está citado como investigado en la causa paralela del juez Leonardo Álvarez. Los dos tenían llave de acceso al búnker. Ambos fueron interrogados igualmente por la Policía Judicial y en diciembre de 2015 comparecieron como testigos ante el juez. El armero, ya como investigado el pasado mes de noviembre, dijo al magistrado que estuvo revisando expediente por expediente, siguió el protocolo y avisó a su superior directo, el secretario. Es el motivo por el que el jefe de personal y gestión de la Policía en Ourense ha sido llamado para que declare con abogado.
El robo de armas salió a la luz pública en febrero de 2015. Hace casi 3 años que la tremenda crisis de la comisaría provincial empezó a saltar a la opinión pública. El 26 de febrero, un anónimo titulado "Tráfico de armas en la comisaría de Ourense" aireó a los medios una supuesta trama que situaba el destino de las 6 armas desaparecidas en el mercado negro. Echaba la culpa al armero y tildaba de encubridores a los mandos y al secretario. Aquellas falsedades fueron descartadas. Iban en la línea del anónimo que, en noviembre de 2014, acusaba a una serie de agentes de irregularidades, dando pie a la investigación de Asuntos Internos que desembocaría en la Zamburiña.
El 9 de abril de 2016, el día de la muerte, del correo de Celso B. A. salieron mensajes autoinculpatorios sobre el robo de armas y los anónimos. La UDEV nunca creyó que la trama fuera obra de un solo hombre. Además del presunto homicidio -la defensa sostiene que hay informes que se inclinan por la hipótesis del suicidio, pero el abogado de la víctima esgrime dictámenes claros sobre la muerte violenta-, la juez Armesto atribuye a los gemelos robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias.
La comparación de su ADN con el que se halló en el arma de la que salió el disparo -no pertenece a Celso- es clave, así como el análisis de sangre encontrada en su coche, que ellos atribuyen a la matanza del cerdo. Los inspectores mantienen su inocencia y la defensa, que el lunes presentará recursos contra el auto de entrada y registro, mantiene que "no hay ni un solo indicio razonable que se aparte del suicidio, y mucho menos ningún indicio potente para que se pueda indicar que mis defendidos hayan cometido un homicidio".
