El juez Francisco de Cominges, titular del Contencioso-Administrativo 1 de Ourense, observa "un vicio o defecto formal" en el procedimiento administrativo de privatización de los parques comarcales de bomberos por parte del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento, un ente en el que están representados la Xunta y la Diputación. El magistrado no tumba la externalización (valorada en 17,5 millones de euros) pero sugiere una posible revisión de oficio por parte de los demandantes, la CIG, a quien el juez da la razón en parte al fallar que el ente vulneró la negociación colectiva al establecer que la empresa adjudicataria debía subrogar a todo el personal y equiparar su salario con el parque con las mejores condiciones económicas antes de la fusión, que era el de Verín.
La resolución no es firme y todavía admite recurso de apelación ante la sala contenciosa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Diputación acudirá a esa vía, según las fuentes consultadas. La CIG, que hoy compareció en Ourense para comunicar la sentencia, entiende que la resolución establece la vinculación de los bomberos con el consorcio (la CIG cree que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores), por lo que deberían pasar a ser parte del ente y no estar al cargo de la adjudicataria. Según el responsable de la asesoría jurídica, Anxo García, el sindicato ofrecerá "un acuerdo" a la administración provincial. El sindicato estuvo representado en este pleito por la abogada Begoña Alonso Santamarina.
