Una sentencia condena al Concello a pagar 307.000 euros a la empresa de limpieza

De esa forma el juzgado estima parcialmente el recurso interpuesto por Ecourense contra una desestimación por silencio administrativo en junio de 2014, por lo que deberán asumir las arcas municipales esa cuantía económica, que ahora le reconoce el magistrado.

Una cuestión que vuelve a poner el foco de la controversia en relación al servicio de limpieza, tanto por los grupos de la oposición como por colectivos vecinales, especialmente críticos con lo que consideran "incumplimientos reiterados" del pliego de condiciones técnicas por parte de la concesionaria.

En este sentido, la agrupación Miño, que aglutina a los colectivos vecinales de la periferia y el rural, llevó el asunto a la vía judicial, después de reiteradas denuncias en el concello, sin que por parte del anterior gobierno ni del actual se adoptasen medidas, como así lo reflejan en el recursos que presentaron ante el Contencioso Administrativo.

Pero lo que llama la atención tanto a la oposición como a colectivos vecinales es que se llegue a está situación por silencio administrativo por parte del gobierno, en un primer momento, y luego que no se hiciese nada para evitar la actual condena del pago de esos más de 307.000 euros.

Y de nuevo poner de manifiesto las numerosas incidencias que tiene acumuladas la empresa concesionaria y que fueron objeto de iniciativas plenarias. Sobre esta cuestión, por parte del gobierno popular, a través de su portavoz y a la vez responsable del área de Medio Ambiente y Limpieza, José Araújo, se recalca que se tomaron las medidas necesarias ante cualquier tipo de incidencia que suceda. Y alude a que en varias ocasiones se le procedió a la retención de diferentes cantidades económicas.

Una justificación que para la oposición no le resulta creíble, sobre todo después de lo que pasó con el caso de la legionela, que derivó en una comisión de investigación.