El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, advierte que dejar fuera del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) las torres de Copasa, que cuentan con licencia urbanística, y anular las construcciones previstas en la finca Santamariña -a pesar de que carecen de licencia-, supondría la "reclamación de indemnizaciones millonarias" al Concello de Ourense, por lo que "puede ser algo muy gravoso para los ciudadanos", además de suponer recursos que generarían inseguridad jurídica y podrían tumbar el nuevo documento de ordenación. Por lo tanto, Cudeiro se muestra abierto al diálogo con los demás grupos políticos para analizar con los técnicos "la mejor salida posible".

El concejal de Urbanismo recalca de que las torres de Copasa "están contempladas en la aprobación inicial del PXOM", por lo que la administración local "tendría muchas papeletas perdedoras" en la vía judicial, en el caso de que se decida suprimirlas.

La pretensión de echar abajo el desarrollo urbanístico de la finca Santamariña, según José Cudeiro, "también supondría pagar indemnizaciones muy importantes". Algunos grupos políticos, como Democracia Ourensana, muestran interés en que no se realicen edificaciones y que se convierta esa parcela en una zona verde. Cudeiro explica que para lograr ese objetivo, "eso hay que expropiarlo, hay que comprarlo y hay que pagarlo a precio de suelo urbano". Por lo tanto, como se trata de una finca con más de 100.000 metros, "aunque lo pagues a 500 o 600 euros el metro, mira a dónde vamos. Es mucho dinero". Pero a mayores, "tendríamos que ver quién paga lo que nos han cedido, a cambio de la edificabilidad, porque habría que devolverlo o indemnizarlo económicamente".

De todas formas, el concejal de Urbanismo admite que "se puede estudiar una reordenación de la edificabilidad, pero el hecho de dejarlo todo sin efecto, supondría un problema muy importante, por las posibles indemnizaciones a las que podría enfrentarse el Concello de Ourense". Por lo que adelanta que no está dispuesto a meter al Concello de Ourense en una situación de descalabro económico. Agrega que la anulación de todo el desarrollo urbanístico previsto"también perjudica a una administración pública, que es la Diputación".

Recuerda que "ahí va un gran parque público, ya previsto, un número importante de las viviendas que se van hacer ahí son de protección oficial y además va lo que podría contemplarse como el motor de la zona, que es el Corte Inglés". Considera que la supresión del hipermercado "supondría un error", como elemento dinamizador de la zona. "Tendríamos que estar todos deseando que viniese, pero mañana mismo", apunta. Por lo tanto, señala: "Se podían buscar otras alternativas, pero esa la veo imposible".

Los propietarios de parcelas en la finca Santamariña no cuentan con licencias para ejecutar las construcciones que tienen previsto, pero "están realizadas las cesiones de terrenos al Concello de Ourense, por lo que tiene una parcela para construir viviendas, otra para equipamientos y otras que ha cedido, donde se hizo la ampliación del hospital". Por lo tanto, cambiar la ordenación, para convertir la finca en una zona verde, "supondría un problema indemnizatorio importante, difícilmente asumible".