Las expropiaciones que en su momento realizó el concello de los terrenos en donde se asientan hoy el nuevo edificio judicial y el centro de salud de O Couto le pueden salir muy caras a las arcas municipales, más allá de lo que se abonó en su momento. Por lo de pronto, una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena al concello a abonar a los titulares de las parcelas algo más de un millón de euros, después de rechazar el recurso de reposición presentado, y fijando el nuevo justiprecio de la parcelas.
Una resolución judicial que daba a conocer ayer la portavoz accidental y edil de Personal y Comercio, Flora Moure, durante su comparecencia en la que daba cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, y en la que estuvo acompañada por el concejal de Urbanismo, José Cudeiro.
No es la primera sentencia que se produce sobre el proceso de expropiación realizado en estos terrenos, después de los recursos judiciales presentados por los propietarios de los mismos. Toda vez que, como explicó Cudeiro, ya se produjo una primera por la que el concello tuvo que desembolsar casi 350.000 euros, con la nueva valoración realizada.
Pero lo peor puede estar por llegar, ya que está pendiente de resolución una tercera, que es la de mayor cuantía económica, y la que se debe pronunciar el alto tribunal gallego. Así, de confirmarse esa nueva valoración, la cuantía estaría por encima de los dos millones de euros, según los datos con que cuenta el concello.
Eso supondría que el Concello de Ourense asumiría un coste que rondaría los tres millones de euros por la expropiación de los terrenos para la construcción del nuevo edificio judicial y a su lado el centro de salud, que se puso en funcionamiento el pasado lunes, después de un año y tres meses de demora sobre la previsión inicial.
Responsabilidades
Un proceso de expropiación que para el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, tiene un claro responsable, que "precisamente no es el gobierno actual", en alusión a que la ocupación de los terrenos se llevó a cabo en el anterior mandato, con el gobierno bipartito, formado por PSOE y BNG.
Un proceso que fue cuestionado desde un principio y que estuvo marcado por diferentes incidencias, ya que la ocupación de los terrenos se llegó a a realizar "sin saber que quién era", según señala Cudeiro, que además subraya el importante coste económico que tendrá para las arcas municipales.
Y eso que el alto tribunal gallego, después de la sentencia de anulación, admitió la inejecución del fallo, ante la imposibilidad de volver los terrenos a su estado original, toda vez que se habían iniciado la construcción del edificio judicial.
