El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acogió ayer la segunda jornada del juicio contra seis excargos públicos del bipartito PSOE-BNG acusados de un delito de prevaricación continuada. El exalcalde Francisco Rodríguez, y cinco miembros del equipo (Áurea Soto, Fernando Varela, Iolanda Pérez, Xosé Somoza y Xosé Carballido) se enfrentan a 10 años de inhabilitación por la contratación de cinco personas entre 2008 y 2013 a través de asistencias técnicas que acabaron incorporados en la plantilla municipal como personal laboral indefinido.

La vista oral ha consumido ya dos días con declaraciones de testigos y hoy serán los seis acusados los que respondan a las preguntas de la acusación y sus defensas. Por ahora, los cinco contratados externos han manifestado que no conocían de nada a los responsables políticos sentados en el banquillo y que siempre trataron con los jefes del servicio en las áreas de urbanismo, vivienda y rehabilitación, donde fueron contratados.

Ayer, el exteniente de alcalde Andrés García Mata, que tuvo competencias en alguna de esas áreas declaró que los concejales "tomábamos decisiones políticas" pero, al menos en su caso, "la necesidad de contratar partía de los funcionarios". Eran, añadió, los jefes de servicio César Pichel y José Manuel Oliver los que "transmitían qué necesidades había". En el departamento de Vivenda, por ejemplo, "sólo había un arquitecto, el resto eran administrativos y no había otra forma que coger gente de fuera", alegó.

Así lo manifestó también el exalcalde Agustín Fernández, que asumió el cargo el 10 de octubre de 2012 tras renunciar al acta Francisco Rodríguez por su imputación en la operación Pokémon. Antes tuvo competencias en Facenda y otras concejalías. Declaró a preguntas de la Fiscalía que "en ese momento había una legislación muy restrictiva para contratar" y que las asistencias técnicas permitían prestar servicios necesarios en las áreas de urbanismo y rehabilitación donde la actividad se incrementó por la caída del PXOM.

El error que había que resolver, apuntó, "es que eran contratos menores que se estaban prorrogando indebidamente", de ahí que al recibir los reparos en su papel de alcalde envió un aviso a todos los concejales "de que había que rectificar lo antes posible". El motivo por el cual tomó la decisión de cancelar de forma definitiva en 2013 esos contratos, explicó, "es que en ese momento estaba en marcha un programa de contratación de interinos con el que creía que podríamos prestar esos servicios de forma estable", un plan de empleo, matizó, "en el que llevábamos dos años trabajando" y que les permitiría contratar si obtenían la declaración de áreas especiales.

Precisó que, al igual que su predecesor, levantó muchos reparos, una figura "muy habitual" que funciona como "una llamada de atención para solventar una deficiencia, pero a veces es difícil". Como ejemplo se refirió a la situación actual en el Concello de Ourense "donde los contratos más importantes están prorrogados en precario y recibiendo reparos". Uno de ellos es del transporte urbano, "con facturas mensuales de casi 700.000 euros con reparos; es una irregularidad pero no se deja la ciudad sin autobuses". En el caso de las asistencias técnicas, indicó, la única alternativa al reparo era levantarlo, ya que de lo contrario, el servicio prestado no podría ser pagado y conllevaría reclamaciones judiciales.