El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acoge desde ayer la vista oral contra seis excargos del bipartito (dos del PSOE y cuatro del BNG), acusados de un delito de prevaricación continuada por la contratación de cinco trabajadores en el Concello de Ourense entre 2008 y 2013 mediante la modalidad de asistencias técnicas. La causa llega a juicio tras un dilatado procedimiento que ha sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde Francisco Rodríguez, los exconcejales Áurea Soto, Iolanda Pérez y Fernando Varela, y los exdirectores generales Xosé Carballido y Xosé Somoza, que desempeñaron diversas competencias políticas en el período en el que se realizaron las contrataciones ligadas a las áreas de Rehabilitación y Urbanismo.
La Fiscalía y la acusación particular que representa a USO solicitan penas de 10 años de inhabilitación para cada uno de ellos, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución.
El juzgado ha reservado cuatro jornadas para esta vista y estaba previsto que el juicio arrancase ayer con la declaración de los acusados como es habitual. No obstante, la juez, Susana Pazos, aceptó una de las alegaciones formuladas por el abogado de Fernando Varela, que pidió que se alterase el orden y se permitiese declarar a los acusados después de los testigos a objeto de proporcionarles una mayor garantía de defensa. El letrado, Jorge Temes, basó su petición en el acuerdo de pleno dictado por la sección quinta y sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona y que también fue aplicado en el juicio contra 'La Manada' celebrado en la Audiencia de Navarra. Esto implica que la declaración de los seis encausados no se producirá hasta el jueves.
La vista arrancó pasadas las 10.00 horas con las cuestiones previas en las que las defensas argumentaron presuntas irregularidades en el proceso que habrían causado "indefensión" a los acusados, entre ellas la falta de concreción en los hechos imputados o la ausencia de auto de transformación en procedimiento abreviado, alegado por los cuatro acusados del BNG. En este caso, la titular del Penal 2 rechazó la suspensión solicitada y acordó resolver las cuestiones en sentencia.
La primera jornada se centró por tanto en la declaración de los cinco profesionales contratados a través de asistencias técnicas entre 2008 y 2013: tres arquitectos y una aparejadora para el área de Rehabilitación gestionada por el BNG y un asesor jurídico para la Concejalía de Urbanismo, cuyas competencias asumía la socialista Áurea Soto. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los cuatro cargos nacionalistas actuaron "de forma confabulada" con Soto y el entonces alcalde Francisco Rodríguez, al prorrogar dichos contratos, "a pesar de conocer que se actuaba contra la normativa", ya que los cinco trabajadores prestaban servicios "periódicos y repetitivos que suponían un gasto de tracto sucesivo sin que existiese acuerdo administrativo alguno". Esto se producía, dice la Fiscalía, "en virtud de una resolución de prórroga que vulneraba la normativa contractual de las administraciones públicas" y con el levantamiento por parte del alcalde de los sucesivos reparos del interventor.
Los cinco trabajadores coincidieron ayer en negar cualquier relación previa a su contratación con los acusados, a quienes afirmaron no conocer, y manifestaron que recibían instrucciones de los jefes de servicio y no de los concejales, con los que se reunían de forma ocasional. En su mayoría fueron requeridos inicialmente para prestar una asistencia técnica, de forma que realizaban una propuesta concreta con una duración del contrato y la cuantía, pero a partir de enero de 2011 "pasábamos facturas mensuales siempre por la misma cantidad" que se pactaba con los jefes de servicio y que era "similar" al sueldo de un funcionario. Utilizaban las instalaciones municipales para prestar servicio, en muchos casos de atención al público y gozaban de períodos vacacionales. A partir de 2012 empezaron a producirse retrasos en los pagos y conocieron la existencia de los reparos. Cesada la relación al llegar el alcalde Agustín Fernández acudieron a la vía social y por sentencia fueron readmitidos como personal laboral indefinido.
