El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Ourense acogió ayer la vista que arrojará la primera decisión judicial acerca de la legítima propiedad de la parcela de unas 15 hectáreas en la que se asienta el castro de San Cibrán de Las, también denominado A Cidade, y uno de los mayores poblados fortificados excavados en Galicia. Las primeras catas fueron dirigidas por Florentino Cuevillas en 1922 y casi un siglo después la titularidad de los terrenos es objeto de litigio en los tribunales.
La Comunidad de Montes de Cristimil y A Torre demandó al Concello de San Amaro y la Xunta de Galicia tras conocer que la parcela de unas 15 hectáreas en la que se asienta el yacimiento figura en el inventario de bienes municipales. A raíz de la calificación del Jurado Provincial de Montes, que catalogó el espacio de San Cibrán de Las como monte vecinal de man común. La superficie total, señala el presidente de los comuneros, Modesto Rodríguez, es de 26,3 hectáreas "pero el Concello cedió 15 a la Xunta", explica, dejando a los vecinos sin la posibilidad de obtener una compensación por el uso lúdico del castro y el centro de interpretación que se construyó en estos terrenos. Algo que sí ocurrió con la parte del castro que pertenece a Ourantes, en Punxín, "a quienes sí se les reconoció la titularidad y recibieron una compensación económica".
El juicio se celebró ayer. El alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez, ratificó la existencia de un compromiso de cesión de la parcela a la Xunta que se sometió a exposición pública sin que se produjesen alegaciones.
Por su parte, los comuneros presentaron un informe pericial del historiador documentalista Gregorio Casado que afirma que el aprovechamiento vecinal del monte aparece ya reflejado en el Catastro del Marqués de la Ensenada, "claramente anterior" a la constitución del ayuntamiento. Matizó que posteriormente "el Estado puso en manos de los ayuntamientos la gestión de los montes, pero el aprovechamiento lo han seguido ejerciendo los comuneros".
