La provincia de Ourense cuenta ya con la figura del interlocutor policial territorial sanitario dirigida a reducir las agresiones a los profesionales de la salud. Son, en concreto, dos personas, un guardia civil y un policía nacional, los responsables de asumir esta función, recogida en la instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad para frenar este tipo de incidencias que sufren sobre todo médicos y enfermeras.

La designación de ambos interlocutores se produjo ayer en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Ourense a la que asistieron el subdelegado Roberto Castro; el teniente coronel de la Guardia Civil, Jesús Gómez; el jefe de la brigada de la policía judicial, Demetrio Martínez; el presidente del Colegio de Médicos, José Luis Jiménez, y la presidenta del Colegio de Enfermería, Ascensión Pérez. Con la puesta en marcha de este protocolo de medidas policiales, destacó Castro, "se da un paso importante para garantizar la seguridad de aquellos que velan por nuestra salud".

Su misión, explicó, consiste en establecer un "contacto más fluido" con los cuerpos de seguridad en caso de agresión y dar una respuesta más ágil a este tipo de incidentes que se dan con preocupante frecuencia en el ámbito sanitario.

46 denuncias el año pasado

El presidente del Colegio de Médicos de Ourense afirmó que el año pasado se registraron un total de 46 denuncias de agresiones físicas y verbales, de las que 40 corresponden a personal médico y 6 a enfermeras. Pero no son las únicas registradas ya que, apunta Jiménez, sólo se denuncian el 10% de los casos.

En este sentido, el refuerzo de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el personal de la salud implica la elaboración de un catálogo y una clasificación de centros sanitarios, tanto públicos como privados, en función del riesgo de "acción delictuosa". También se activarán canales de comunicación permanente entre las partes y, con carácter preventivo, se incrementará el número de patrullas y vigilancia en los centros en función del riesgo.