Una petición directa y con crítica añadida es lo que hace el grupo socialista al gobierno popular, para que informe a los ciudadanos sobre el procedimiento a seguir en la tramitación de las reclamaciones de devolución del impuestos de plusvalía, después de la sentencia de nulidad del Tribunal Constitucional, y que afecta a los últimos cuatro años.
De ahí que también soliciten que se estudie la repercusión económica que tendrá para las arcas municipales por la anulación de este impuesto después de que se produjo la primera sentencia en la ciudad. Por lo de pronto, señalan que desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias se estima que los contribuyentes ourensanos podrían recuperar un importe estimado que podría llegar a los 4 millones de euros en plusvalías mediante recursos por vía administrativa o judicial.
En este sentido, los socialistas señalan que se hizo pública la primera sentencia en Ourense sobre el impuesto de plusvalía, por la que se ordenaba al Concello al reintegro de cantidades abonadas por la transmisión a título hereditario de dos inmuebles. Y que por parte del gobierno popular se puso de manifiesto ante la sentencia que "por fin se establecen unos criterios para saber quién y cómo acreditar esta situación, por lo que por lo menos tenemos de dónde partir y saber por dónde van a ir los jueces".
Pero poco más, lo que llevó a que los socialistas, ante la falta de respuesta en las diferentes juntas de área de Hacienda por parte de la titular del área, Ana Fernández Morenza, presentan una iniciativa para tener datos sobre la repercusión económica que puedan tener las reclamaciones que se presentan, ya que probablemente influirán en la previsión a tener en cuenta en la redacción del futuro proyecto de presupuestos.
Sobre esta cuestión, por parte del gobierno popular se señala que sí se facilitaron datos, en relación a que había más de 200 reclamaciones de la devolución del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), hace dos meses. Tal y como se aplicaba la norma, en algunos casos los ciudadanos debían pagar el impuesto pese a que en realidad la propiedad vendida no se había revalorizado.
Fue precisamente en una reciente junta de área de Hacienda en la se entregó la documentación. Y el portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, solicitó datos relacionados con las previsiones del concello sobre la repercusión que puede tener para las arcas municipales.
La respuesta dada por parte de la responsable del área de Hacienda fue la de que se debe esperar a que esté elaborada la nueva ley, que se encargará de corregir las irregularidades que plasma en su sentencia el Tribunal Constitucional, para tomar una decisión al respecto.
Por lo de pronto, y ante "la falta de información" que denuncian los socialistas a los ciudadanos por parte del Concello, el planeamiento pasa por aconsejar a todos los afectados, los que realizaron pagos por este impuesto municipal, que presenten las correspondientes reclamaciones.
