El plan de obras, desde que fue aprobado en noviembre de 2016, estuvo marcado por la controversia que sigue un año después, en estos momentos en lo que se refiere al grado de ejecución. Así, mientras el gobierno popular, a través de su portavoz y a su vez edil de Infraestructuras, José Araújo, estima que antes de que finalice el año se podrá ejecutar el 72%, por parte del grupo socialista -que en su momento apoyó la inversión de 12,8 millones de euros-, su portavoz, Vázquez Barquero, discrepa abiertamente al asegurar que "no se llegará al 50%".

Según los datos que presentó ayer Araújo en su comparecencia, en la que estuvo acompañado por la edil de Hacienda y Contratación, Ana Fernández Morenza, "tendremos el 72% de las obras ejecutadas o en proceso de ejecución". Así se lo trasladó en la reunión que mantuvo con los representantes de la federación Limiar y la Asociación Miño, que fueron las encargadas de elaborar el listado de obras en diferentes zonas del municipio.

Una documentación que con posterioridad trasladó al portavoz socialista en un encuentro posterior, y que según indicó Vázquez Barquero "analizaremos", aunque adelanta que "es materialmente imposible que se cumplan las previsiones que maneja el gobierno". Una apreciación que hace en función de las "obras que visitamos hasta estos momentos".

En relación a las obras previstas inicialmente, que eran 82, finalmente serán un total de 64 las actuaciones que se puedan ejecutar, quedando fuera el resto, debido a que algunas de ellas se trataba de terrenos privados, en unos casos, mientras que en otros la titularidad corresponde a otras administraciones, tanto autonómica como estatal, como explica Araújo.

Complejidad

Además, el concejal de Infraestructuras hizo referencia a que un 5% de las obras se encuentran en fase de redacción de los proyectos "debido a su complejidad", y citó como ejemplos los elevadores en la zona de la Cruz Alta y Avilés de Taramancos.

En el caso de la Cruz Alta, propuesta de Democracia Ourensana, con discrepancias en su concreción final, Araújo explica que la demora se debe a que se tuvo que realizar un estudio geotécnico, y que el proyecto estará "listo en un par de semanas". Además de destacar que "será un ascensor a la medida para Ourense".

En el caso del de Avilés de Taramancos, el problema surge en que la colocación del elevador se ve "afectado" por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), al estar al lado de un tramo del río Barbaña, y a que el puente de Ervedelo es de titularidad de la Xunta.

Algo similar sucede con otras obras que se habían incluido en el plan aprobado, y para cuya ejecución son necesarios informes del Ministerio de Fomento o de Adif, lo que llevaron consigo la imposibilidad de que puedan estar aprobados los correspondientes proyectos.

Por contra, el proyecto de rehabilitación de la Alameda do Cruceiro, que según destaca permitirá contar con el primer parque inclusivo de Galicia, ya fue adjudicado por el gobierno municipal y se espera que las obras puedan comenzar antes de que finalice el año y continuar en 2018. Y destacar la colaboración prestada por la Diputación a través de un convenio de colaboración, lo que permite pasar los créditos para el año siguiente.

Apoyos

Con un 30% de los proyectos previstos que "quedarán sobre la mesa" a finales de año, José Araújo señala que el plan de obras aprobado "es algo más que estos 12,8 millones de euros", y de inmediato hacer referencia a que por parte del portavoz socialista se había manifestado "que apoyaría un nuevo plan", que es necesario para poder sacarlo adelante, ya que "gobernamos en minoría".

De ahí que el portavoz del gobierno tiró de talante al señalar que, "admitiendo las críticas del PSOE", en relación al grado de cumplimiento en la ejecución de las obras, dejaba patente "el agradecimiento por el apoyo que prestó al plan".

Sobre la nueva modificación de crédito, ya con los proyectos redactados, de ese 30% queda pendiente Vázquez Barquero evitó hacer un pronunciamiento, y se limitó a señalar que "la apoyamos en su momento", pero la decisión final la adoptarán en función de si el gobierno popular cumplió el compromiso y, sobre todo, "si es capaz de hacer algo más de lo que hizo hasta ahora".

Y aludir a otras modificaciones de crédito que ponen de manifiesto la "incapacidad" demostrada, con el agravante de que "no dudan en culpar a un sindicato, cuando ellos son los únicos responsables".