Han pasado cuatro años desde que la CIG, con el apoyo del sindicato USO, presentaron denuncia judicial por cinco contratos en el Concello de Ourense bajo la modalidad de las asistencias técnicas que se prolongaron en el tiempo a pesar de los reparos del interventor, levantados por el entonces alcalde Francisco Rodríguez. El exregidor es uno de los procesados, junto a los exconcejales Áurea Soto, Iolanda Pérez Docampo y Fernando Varela y los exdirectores xerales de Rehabilitación Urbana, Xosé Carballido Presas y Xosé Somoza.

Cuatro años después, ninguno de los seis cargos del gobierno bipartito PSOE-BNG que se vieron inmersos en este procedimiento sigue ocupando un puesto político pero se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acusados de prevaricación continuada. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de 10 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Los acusados, en cambio, niegan la naturaleza ilícita de las contrataciones y piden su libre absolución. La vista arrancará el próximo 28 de noviembre con la declaración de los seis excargos públicos y se prolongará durante cuatro jornadas, hasta el 1 de diciembre.

Este proceso ha provocado un desfile de cargos públicos del bipartito ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, en la fase de investigación y sucesivos recursos, y durante su tramitación se han ido sumando y restando imputados (llegaron a ser 11).

Finalmente, son los seis citados los que compartirán el banquillo de los acusados por cinco contratos externos que se sucedieron desde 2008 hasta que en enero de 2013 y recién llegado a la Alcaldía, Agustín Fernández puso fin a las contrataciones. Los cinco contratados plantearon demanda judicial por despido y el Concello se vio obligado a readmitirlos como indefinidos.

La fiscal que ha redactado el escrito de acusación sostiene que los seis imputados, "a pesar de conocer la irregular situación" de las cinco personas contratadas mediante la modalidad de asistencias técnicas "actuaron contra la normativa existente" y prorrogaron los contratos. Esto, afirma la acusación pública, fue posible por una actuación "de forma confabulada" entre los diferentes responsables políticos de los servicios de rehabilitación, vivienda y PERI (área que gestionaba el BNG), la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y el exalcalde Francisco Rodríguez, ambos del PSOE. Señala la fiscal que la exconcejal socialista, máxima responsable entonces del urbanismo, "no llevó a cabo ninguna acción para poner fin a aquella situación", de manera que los reparos que el interventor hacía a las facturas mensuales que presentaban los cinco contratados "eran sucesivamente levantados por el alcalde Francisco Rodríguez sin causa que lo justifique, continuando con el mismo proceder a lo largo del tiempo, sin adoptar ninguna medida que pusiese fin a dicha situación irregular".

La acusación también sostiene que al prorrogar estos contratos objeto de investigación se prestaban servicios "periódicos y repetitivos" que suponían un gasto de tracto sucesivo "sin que existiese acuerdo administrativo alguno" y en virtud de una prórroga que "vulneraba la normativa contractual de las administraciones públicas".

En su defensa, el exalcalde Francisco Rodríguez, señala que la responsabilidad de las contrataciones y las sucesivas prórrogas de las asistencias técnicas corresponde a los concejales o directores generales a los que habían sido delegadas las atribuciones, al igual que la competencia para reparar o adoptar las medidas necesarias para poner fin a las situaciones irregulares generadas por dichas contrataciones. También alega que durante el período en el que se prorrogaron los contratos promovió diferentes actuaciones dirigidas a la supresión de las asistencias técnicas y la cobertura de las necesidades de los servicios con personal laboral conforme a la legislación vigente. En cuanto a los reparos levantados, afirma su defensa que esto no significa que asuma la legalidad de la prórroga, sino que "simplemente ordena la continuación del expediente de ordenación de pagos por resultar debidos los mismos, con independencia de que el acto del que derivó la obligación no se haya ajustado debidamente al procedimiento".

La exedil socialista Áurea Soto reprueba la "falta de concreción fáctica" en la acusación formulada contra ella ya que "no existe una imputación concreta de acto administrativo ilegal ni la menor relación de medidas o actuaciones concretas que hubiese estado obligada a adoptar y hubiese omitido". Apunta también que fue la propia Soto la que dictó el acuerdo por el que se resolvió no realizar más contrataciones a partir del 1 de junio de 2013, matizando que la edil no fue responsable de las competencias de rehabilitación hasta finales de 2012. También alude a los escritos en los que ponía de manifiesto "la problemática y la incapacidad de cubrir los servicios básicos con el personal existente".